Escribe: Diana Chávez, Coordinadora de Proyectos de Transparencia

A la luz de los hechos recientes y de la regulación actual, si un partido político recibió aportes que decidió no declarar, o que provienen de alguna fuente ilícita (sobornos, compromisos futuros, narcotráfico, minería ilegal, etc.), es poco o nada lo que los órganos electorales pueden hacer al respecto. Así, por ejemplo, la ONPE puede imponerle una multa, pero no tiene facultades suficientes para cobrarla coactivamente. Recordemos que en las últimas elecciones regionales y presidenciales participaron organizaciones políticas con multas pendientes de pago por millones de soles. De otro lado, no existen sanciones políticas que puedan ser igual o más graves –y por lo mismo efectivas– como desincentivos para recaer en dicha conducta.

Si bien la mejora de la regulación y controles para el financiamiento político y de las campañas electorales se ha debatido por lo menos durante los tres últimos períodos parlamentarios, era poca la atención que se le prestó hasta que ahora, a raíz del escándalo Odebrecht, se pone en evidencia la urgencia de evitar que intereses ilícitos capturen la política en las próximas elecciones regionales y municipales del 2018.

Propuestas concretas no faltan: Transparencia, la Comisión Presidencial de Integridad, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han puesto sobre la mesa una serie de medidas pensadas de acuerdo con nuestra realidad de informalidad, evasión de mecanismos de control, alto manejo de efectivo y desvinculación de los privados y la ciudadanía.

Coinciden tanto Transparencia, la Comisión de Integridad y el JNE en proponer que se impida que quienes hayan sido condenados por delitos de especial gravedad (corrupción, terrorismo, narcotráfico, lavado de activos) puedan postular a cargos de elección popular. Existe consenso también en dotar a la ONPE de mayores mecanismos para estimar los costos de las campañas, en otorgarle mayores poderes de fiscalización para poder cobrar coactivamente las multas que imponga a partidos o personas infractoras. Están de acuerdo, las propuestas de la Comisión de Integridad y del JNE, en la necesidad de bancarizar los aportes superiores a 1 UIT (S/. 4.050) y coinciden, junto a la OCDE, en prohibir los aportes anónimos.

Las consecuencias al incumplimiento no solo serían monetarias sino que el mayor peso se encontraría en las sanciones políticas: existe un consenso en suspender y (ante la reincidencia) cancelar la inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas de los partidos que infrinjan la legislación sobre financiamiento. Quienes no sustenten sus gastos de campaña, quienes tengan altas cantidades de aportes anónimos, quienes no subsanen aquello que se les requiera, quedarán fuera del sistema y deberán comenzar desde cero la recolección de firmas para reconstituir sus partidos. Y la OCDE propone mecanismos que involucren y comprometan a la ciudadanía y a los privados, dándoles la posibilidad de hacer denuncias anónimas, promoviendo la educación y concientización del uso de recursos estatales.

La Comisión de Constitución del Congreso, y en particular su grupo de trabajo sobre la reforma electoral, tienen la gran e impostergable oportunidad de aprobar estas medidas de protección de la política y de la democracia. Si nada cambia, resultará que una empresa privada y sus representantes están sujetos a mecanismos de sanción y control más efectivos y exigentes que una organización política que aspira a ocupar los más altos cargos de gobierno y a administrar los recursos de todo el Estado Peruano. Ese es un lujo de desregulación que no nos podemos permitir.

Fuente: El Comercio

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