Escribe: Gerardo Távara, Secretario General de Transparencia.

En una columna publicada en el diario El Comercio el pasado 8 de marzo, Diana Chávez analiza las coincidencias entre las más importantes propuestas de reforma a la legislación sobre financiamiento de partidos y campañas electorales. Las coincidencias están referidas al control de las finanzas, las atribuciones de los organismos electorales, los topes en determinadas áreas de recaudación y la pertinencia de sanciones políticas a quienes infringen la regulación sobre financiamiento de la política.

El análisis, basado en un informe difundido por Transparencia, pone en evidencia la ausencia de propuestas en el Perú sobre el tope a lo que podría ser gastado por una organización política –partido o alianza- en una campaña electoral. Hice alusión a este tema en una columna publicada en el mes de enero: “Odebrecht y las finanzas partidarias”[1]. Quiero volver sobre el tema recordando que países como Argentina, Chile, Colombia, México, Paraguay o Canadá han incorporado en sus legislaciones normas que limitan los gastos de campaña. ¿Por qué limitar los gastos de campaña? ¿Qué criterios emplear para ello? Son dos preguntas que debemos hacernos y a las que esta entrega pretende responder con iniciales propuestas para aportar al debate.

Si reconocemos que una de las condiciones de las elecciones democráticas es que sean competitivas e igualitarias, tenemos que aceptar que éstas tengan un piso y un techo comunes. El piso está determinado por el acceso a financiamiento público directo e indirecto. Respecto al financiamiento público directo se podría modificar la ley vigente para permitir que -en los años electorales- un porcentaje de ese dinero sea utilizado para solventar gastos de campaña, y no solo para actividades de formación y gastos ordinarios como actualmente se establece y se justifica para años no electorales. El tema ha sido sustentado por Fernando Tuesta en diversos foros. El financiamiento indirecto está determinado por el acceso a la denominada franja electoral para todos los partidos que compiten en una elección[2].

Establecer topes –o techos- para los gastos de campaña encuentra justificación en la necesidad de garantizar que no sea el dinero el gran elector, como ha anotado reiteradamente Juan de la Puente. Un tope en los gastos de campaña encuentra justificación también en la comprensible preocupación ciudadana sobre el incremento de los gastos electorales y la procedencia de dichos fondos. Como ha mostrado Transparencia en su reciente informe “Ingresos y gastos en campañas electorales del 2006 al 2016”, entre el 2006 y el 2011 los gastos de campaña pasaron de 23 a más de 72 millones de soles, un incremento superior al 300%. El monto se redujo ligeramente el 2016 en que los partidos y alianzas reportaron gastos por 66 millones y medio de soles, aproximadamente. El citado Informe muestra también que los fondos procedentes de actividades proselitistas (llámense rifas, polladas, cocteles, cenas, etc.) pasaron de 3% del total en el 2006, a 23% en 2011 y 16% en las últimas elecciones del 2016. Una carrera por quién gasta más para conseguir votos puede llevar a buscar o aceptar fondos de procedencia dudosa o claramente ilícita: corrupción, narcotráfico, tala o minería ilegales, o a buscar el anonimato de personas y empresas aportantes, e incluso a incurrir en prácticas vedadas como el intercambio de votos por regalos.

Con relación a las fórmulas para determinar el tope de gastos de campaña por partidos existen diversas alternativas. Se puede tomar como referencia las circunscripciones en las que la organización política presenta candidaturas, los votos obtenidos por el partido en las elecciones anteriores, el total del padrón electoral, el historial de gastos en los últimos procesos electorales o lo invertido -directa e indirectamente- por el Estado como financiamiento a los partidos. Si tomamos este último referente habría que considerar que el Estado destina aproximadamente 30 millones de soles en la franja electoral y 14 millones anuales en financiamiento directo a los partidos con representación parlamentaria[3]; es decir, 44 millones de soles en total. Esto es prácticamente el doble del total gastado en las elecciones del 2006, poco más de 60% de lo gastado el 2011 –el año con mayor gasto electoral- y 66% de lo gastado en las recientes elecciones generales del 2016.

Para completar la propuesta habría que dividir los 44 millones de soles entre el número de partidos que obtuvieron representación parlamentaria el 2016: seis partidos; el resultado es 7.3 millones de soles aproximadamente, este podría ser el máximo permitido a cada organización política participante en el proceso electoral del 2021. El monto se ajustaría en cada elección según cálculos a cargo de ONPE.

Respecto de la relación entre gasto en campaña y resultados electorales, es muy pertinente la observación hecha por el Embajador Allan Wagner, Presidente de la Asociación Civil Transparencia, en un reciente foro organizado por la Comisión Nacional Anticorrupción – CAN y la Organización para el Comercio y el Desarrollo Económicos – OCDE. Tal como anotó el Embajador Wagner: no siempre gana el partido que gasta más.

En efecto, las elecciones del 2006 las ganó el Partido Aprista Peruano con un gasto reportado de 3’897,070 soles, menos de la mitad de los 8 millones 724 mil soles gastados por Unidad Nacional (alianza electoral que no logró pasar a la segunda vuelta). El 2011 si se produjo una relación directa entre gasto y triunfo electoral: Gana Perú obtuvo la Presidencia de la República y la mayoría parlamentaria con un gasto reportado mayor a los 25 millones y medio de soles, el monto más alto en esas elecciones. Pero el 2016 el mayor gasto de campaña lo hizo Alianza para el Progreso del Perú con más de 23 millones y medio de soles[4], mientras el partido ganador de la primera vuelta: Fuerza Popular, reportó un gasto de 15 millones 200 mil y Peruanos por el Kambio, ganador de las elecciones presidenciales, informó gastos por 10 millones 900 mil soles, aproximadamente, menos de la mitad de lo gastado por APP.

En una próxima entrega, Transparencia analizará los gastos de campaña en elecciones regionales y municipales, considerando la proximidad de éstas el año 2018.

[1] “Odebrecht y las finanzas partidarias”, Gerardo Távara, El Comercio, 26 de enero de 2017. http://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/odebrecht-y-finanzas-partidarias-gerardo-tavara-c-noticia-1963354

[2] En este punto nos encontramos con el debate sobre la contratación de publicidad en medios de comunicación, al que volveremos más adelante.

[3] Financiamiento que se hará efectivo a partir del año 2017, conforme a la Ley de Partidos Políticos.

[4] APP obtuvo nueve congresistas y su plancha presidencial fue retirada de la competencia por decisión del JNE.

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