Escribe: Gerardo Távara Castillo, Secretario General de Transparencia

“El riesgo de captura de políticas a través de la financiación de partidos políticos y campañas electorales se percibe como prevaleciente en Perú”; la cita es textual del Estudio sobre Integridad que la OCDE presentó recientemente y estoy seguro que somos muchos los que compartimos esta preocupación que es, al mismo tiempo, un desafío para el desarrollo institucional de nuestro país.

El estudio de la OCDE tiene la virtud de presentar no solo un diagnóstico acertado, sino además un conjunto de recomendaciones válidas y oportunas, considerando el debate sobre reforma electoral que se produce actualmente en el Congreso de la República y que cuenta con el impulso de actores como el Jurado Nacional de Elecciones y la Asociación Civil Transparencia, entre otras.

Precisamente, uno de los puntos de coincidencia entre las recomendaciones de la OCDE y las propuestas de Transparencia y del Jurado Nacional de Elecciones, así como con las medidas contenidas en el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad, es el referido a la necesidad de prohibir los aportes anónimos a los partidos y campañas electorales. No existe razón que justifique que un partido se niegue a identificar a sus aportantes, como tampoco para que éstos prefieran el anonimato cuando se trata de solventar las actividades de organizaciones que buscan gobernar el país y definir las políticas públicas. Por ello, resulta especialmente importante que el Congreso de la República legisle en este sentido y además obligue a que todos los aportes equivalentes o superiores a una Unidad Impositiva Tributaria (S/ 4,050.00) sean bancarizados, lo que permitirá a entidades como la Unidad de Inteligencia Financiera detectar y reportar movimientos sospechosos que pudieran ser incluso una vía para el lavado de activos.

La transparencia en el financiamiento de partidos y campañas ha de incluir una mejor y más estricta regulación de las denominadas actividades proselitistas, pues valiéndose de la legislación vigente estas actividades son un canal por el que podrían estar circulando anónimamente dineros de procedencia ilícita. Al respecto, un reciente informe de Transparencia con información de la ONPE muestra que del 2006 al 2011 los fondos de campaña procedentes de actividades proselitistas –llámense bingos, rifas, cenas o cocteles- pasaron de 3% a 22% del total de gastos reportados por los partidos y alianzas electorales. En las elecciones del 2016, la Alianza Popular formada por el Partido Aprista y el PPC reportó que el 61% de sus fondos de campaña procedían de este tipo de actividades y en el caso de Fuerza Popular fue el equivalente al 31% de sus ingresos. En este punto, la propuesta de la Comisión Presidencial de Integridad es la más avanzada y recomienda un tope de 10% del total del gasto de campaña como procedente de actividades proselitistas, con el agregado de que todos los aportantes deben ser identificados.

Otra recomendación de la OCDE que merece ser atendida se orienta a fortalecer las atribuciones de supervisión de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. El Estudio de Integridad propone que la ONPE pueda exigir a los partidos la presentación de documentos e incluso testigos para comprobar la veracidad de sus reportes financieros. De lo que se trata es de garantizar que el ente encargado de la supervisión de las finanzas de la política cuente con los “dientes” necesarios para efectuar su labor. Al respecto, Transparencia y la Comisión Presidencial de Integridad han propuesto otorgar facultades a ONPE para calcular –sobre la base de estudios de mercado- lo gastado por cada partido en una campaña electoral y requerir que los partidos muestren la procedencia lícita de los montos gastados, o demostrar que los cálculos del ente electoral no son exactos.

Darle “dientes” a la autoridad electoral incluye reformar el sistema de sanciones. Actualmente, el partido que infringe las normas sobre financiamiento se hace merecedor a una multa, pero no hay forma de ejecutar dicha sanción. No conocemos caso alguno de partido que haya pagado una multa y, sin embargo, se mantienen vigentes y en competencia. Un efectivo sistema de sanciones debería contemplar una gradualidad que en los casos más graves pueda llegar a la suspensión o incluso a la cancelación de la inscripción del partido en el Registro de Organizaciones Políticas que lleva el Jurado Nacional de Elecciones. En el terreno de la política, las sanciones efectivas son las sanciones políticas.

Promover la integridad en los actores políticos es una tarea que compromete a todos. Por ello, resulta relevante la recomendación de la OCDE para que las empresas privadas cuenten con programas de conformidad –compliance– que aseguren conductas éticas y de responsabilidad en su relación con las organizaciones políticas y en el auspicio a campañas electorales.

Las propuestas están puestas sobre la mesa. Corresponde incidir sobre el Congreso de la República para que estas sean adecuada y oportunamente ponderadas e incorporadas en la necesaria y urgente reforma electoral.

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