Escribe: Gerardo Távara, Secretario General de Transparencia

Con la presentación de una agenda de temas prioritarios alcanzada por el Presidente de la Comisión de Constitución a los integrantes de la misma podría destrabarse el debate sobre la reforma electoral. El oficio circular N° 0038-2016-2017-CCR/CR, remitido ayer jueves 8 de junio -al que tuvimos acceso vía Twitter- da cuenta de las propuestas remitidas por el Frente Amplio, Alianza por el Progreso y Fuerza Popular y precisa que los dictámenes se elaborarán fundamentalmente sobre la base del Informe Final elaborado por el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral que coordinó la Congresista Donayre, considerando los proyectos de ley de los organismos electorales, el Poder Ejecutivo y los grupos parlamentarios.

El debate que se encontraba bloqueado por una discusión sobre procedimientos y alcanzó niveles de confrontación que todos observamos y lamentamos, podría y debería dar paso a una discusión sobre temas sustanciales y de especial relevancia e impacto en vista de la proximidad de las elecciones regionales y municipales del 2018 y de las expectativas de la población.

Entre las propuestas se encuentran temas en los cuales hemos insistido reiteradas veces: requisitos e impedimentos para postular a cargos de elección popular y financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales. En el primero de estos temas, sostenemos la necesidad de impedir que quienes se encuentren involucrados en delitos de corrupción, narcotráfico, terrorismo o violación sexual postulen a cargos de elección popular.

En cuanto al financiamiento, la reforma tendría impacto si se garantiza la transparencia de los fondos de campaña, se prohíben los aportes anónimos, se bancarizan los aportes a partir de una UIT, se limitan los fondos procedentes de rifas, cocteles y otras actividades denominadas proselitistas, se prohíben las donaciones de personas y empresas involucradas en actos delictivos y se establece –junto a las multas- sanciones políticas que puedan llegar al retiro de la inscripción de la organización política en los casos más graves.

Se ha incluido en la agenda las “modalidades de elecciones internas”. Esperamos que en este punto se opte por la realización de elecciones primarias simultáneas organizadas por ONPE, con el padrón de RENIEC y la fiscalización directa del JNE.

Es importante que se haya considerado en la agenda las medidas para favorecer la participación política de mujeres y pueblos originarios. Las cuotas han mostrado sus límites y esperamos se avance hacia la alternancia, la paridad y la reserva de escaños.

La agenda que se ha difundido incluye también temas puntuales pero significativos para el orden del proceso; por ejemplo, el cronograma electoral que actualmente adolece de la superposición de etapas, o las sanciones por dádivas que deberían ser graduales.

Cabe anotar que la agenda no ha incluido el tema de los requisitos para la inscripción de nuevas organizaciones políticas. El requisito de 4% de firmas en un porcentaje excesivo y tiende a “cerrar” el sistema con los partidos actualmente registrados. En este punto ha de considerase también los requisitos de permanencia para evitar “partido fantasmas” y  ”vientres de alquiler”.

En las pocas sesiones que quedan en la actual legislatura, la Comisión de Constitución podría concertar un cronograma en torno a estos temas y aprobar los dictámenes más urgentes: Financiamiento de la política y requisitos para candidatos.

Como bien señala el oficio del Congresista Miguel Torres, la permanencia de la mayoría de los actuales integrantes de la Comisión de Constitución en esta favorecerá la continuidad del debate en la siguiente legislatura que se inicia en agosto.

La reforma electoral no puede ser postergada si queremos –de veras- mejorar la calidad de nuestra democracia y recuperar la confianza ciudadana en la representación política.

 

Foto: Andina.com.pe

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