Escribe: Jairo Rivas, Coordinador Ejecutivo, Observatorio de Integridad

Según un reciente reporte del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) la corrupción es hoy el principal problema del país. El estudio informa que 48.1% de la población así lo considera, dejando en segundo lugar el problema de la delincuencia (44.5%) que había liderado este ranking por largos 48 meses.

Con seguridad, esta ubicación es resultado de la información que progresivamente se ha ido difundiendo sobre el caso de mega corrupción conocido como Lava Jato, el mismo que involucraría a ex Presidentes, altos funcionarios estatales, empresas brasileñas y algunas de sus asociadas peruanas. Pero está también muy presente los casos de autoridades y ex autoridades regionales y municipales que – involucradas en este y otros casos de corrupción – se encuentran procesadas e incluso en prisión.

La situación se vuelve más preocupante si se tiene en cuenta la poca confianza que la ciudadanía tiene en las instituciones a cargo la lucha contra la corrupción. La novena Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción 2015, elaborada por Proética, muestra que tales entidades (Poder Judicial, Policía Nacional, Ministerio Público) figuran entre las que el público considera más corruptas. Un dato adicional de la misma encuesta: el 53% de las personas encuestadas considera que las sanciones a los corruptos no se producen porque existen acuerdos entre ellos y quienes debían sancionarlos.

En los últimos meses se aprecian significativos esfuerzos por parte del Ministerio Público en cuanto a la investigación y denuncia de los principales autores de delitos de corrupción y se espera lo mismo por parte del Poder Judicial en la etapa de juzgamiento. Por eso mismo, preocupa la reciente liberación de autoridades regionales acusadas de corrupción. Ello tiende a reforzar la sensación de impunidad, generando un círculo vicioso sumamente peligroso, pues termina “normalizando” la idea de que no es posible hacer nada contra la corrupción. El riesgo, sin embargo, es mayor, pues la confirmación de esta idea termina incrementando la desconfianza en las instituciones y, a la larga, minando la legitimidad social del sistema democrático.

Por tanto, uno de los factores para garantizar la estabilidad de la democracia es un combate eficaz contra la corrupción y en favor de la integridad. Se cuenta con instrumentos como la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción (aprobada por la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, y pendiente de aprobación por la Presidencia del Consejo de Ministros), las recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad o el Estudio de la OCDE sobre la Integridad en el Perú. Pero es necesario – además – un liderazgo claro y voluntad de reforma por parte de las instituciones encargadas de esta tarea. Y, por supuesto, el empuje que la ciudadanía pueda brindar a estos esfuerzos, respaldando, vigilando y denunciando lo que corresponda.

Con esta reflexión de partida nace el Observatorio de Integridad, iniciativa conjunta de la Asociación Civil TRANSPARENCIA, Proética – Capítulo Peruano de Transparency International, la Universidad del Pacífico y la Pontificia Universidad Católica del Perú. A través de esta plataforma interinstitucional se busca difundir, impulsar y dar seguimiento a políticas y medidas a favor de la integridad, la transparencia y la lucha contra la corrupción.

En las siguientes semanas el Observatorio promoverá el debate público sobre temáticas específicas, tales como la transparencia y la veeduría ciudadana del proceso de reconstrucción de las zonas afectadas por el “Niño Costero” o el fortalecimiento de las instituciones de control, por citar solo dos ejemplos de especial actualidad. Al mismo tiempo, estimulará múltiples alianzas con actores regionales para la generación de respuestas ciudadanas que nos ayuden a romper el círculo vicioso ya mencionado, y a vislumbrar que es posible y beneficioso incorporar y extender prácticas de integridad en la gestión de los asuntos públicos. Sin lugar a dudas, esta necesaria tarea ciudadana es un aporte para mejorar la democracia en el Perú.

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