Lima, 16 de junio del 2017.-  Luego de aprobados los cambios y precisiones en el cronograma electoral, la Comisión de Constitución del Congreso de la República tiene la responsabilidad de poner en debate la reforma sobre el financiamiento de organizaciones políticas y campañas electorales, afirmó el secretario general de Transparencia, Gerardo Távara.

Desde un inicio, Transparencia ha hecho énfasis en que la reforma electoral ha de establecer los mecanismos adecuados para transparentar el financiamiento de la política y los candados efectivos para reducir el riesgo de penetración de dineros ilícitos en las campañas electorales. Al respecto, el Informe del Grupo de Trabajo de Reforma Electoral, así como el proyecto de Código Electoral del Jurado Nacional de Elecciones, el proyecto de ley presentado por el Poder Ejecutivo y las propuestas de la Asociación Civil Transparencia y de la Comisión Presidencial de Integridad coinciden en la prohibición de aportes anónimos y la bancarización de todo aporte igual o superior a una UIT (S/4,050.00).

Entre otros aspectos, ha de considerarse elevar de 60 a 200 UIT los aportes de toda persona natural o jurídica y –al mismo tiempo- el establecimiento de topes para los fondos procedentes de actividades proselitistas, llámense rifas, cócteles u otras similares. El Grupo de Trabajo de Reforma Electoral ha propuesto un tope de 60 UIT para estos fondos, mientras la Comisión de Integridad propuso que dichos fondos no superen el 10% de lo recaudado por cada organización política. El debate incluye la prohibición de aportes de empresas que se encuentren involucradas en casos de corrupción. Así también, se ha propuesto que la contratación de espacios publicitarios en radio y televisión no sea superior al tiempo asignado como parte de la franja electoral y que los medios de comunicación reporten a la ONPE de forma inmediata cada contrato de publicidad que suscriban con los partidos y movimientos regionales.

Távara señaló que resulta fundamental establecer sanciones de carácter político para las organizaciones que reciban dinero de fuente ilegal o que alteren sus informes a la ONPE; “estas sanciones podrían llegar a la suspensión e incluso la cancelación del registro de la organización política en los casos más graves, pues hasta el momento se ha demostrado que las multas no resultan efectivas para lograr la transparencia y limpieza en el financiamiento de las campañas electorales”.

Transparencia respalda la propuesta de estrechar la colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y los organismo electorales para detectar movimientos sospechosos en las cuentas de partidos y candidatos, lo cual podría incluir el levantamiento del secreto bancario de los postulantes de forma automática.

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