Lima, 04 de julio del 2017.- Al término del primer año legislativo (2016–2017), la Asociación Civil TRANSPARENCIA cree pertinente expresar su preocupación por cuanto en el Congreso de la República, pese a los esfuerzos hechos y los aportes de distintas fuerzas políticas e instituciones del Estado y la sociedad civil, la reforma electoral ha quedado como tarea pendiente, sin avances resolutivos. Esta preocupación se acrecienta por el hecho de que estamos ya a poco más de medio año para la convocatoria a las elecciones regionales del 2018.

El Grupo de Trabajo de Reforma Electoral de la Comisión de Constitución, los organismos electorales, los grupos parlamentarios, el Poder Ejecutivo y la Comisión Presidencial de Integridad han propuesto normas legales y objetivos precisos. También lo hemos hecho desde Transparencia, con las propuestas contenidas en el “Plan 32”, respaldadas por más de 55,000 firmas de ciudadanos de todo el país. Todos estos aportes tienen puntos de coincidencia importantes y expresan voluntades de actores muy distintos. Y, sin embargo, los partidos políticos representados en el Congreso no han logrado el acuerdo político indispensable para hacer realidad la reforma electoral.

La ausencia de este acuerdo es grave, pues la desconfianza ciudadana tiende a profundizarse en un contexto nacional marcado por graves hechos de corrupción, que alcanzan diversas esferas de la política y de la gestión pública. El financiamiento oculto, ilegal, de las campañas electorales, es justamente uno de los aspectos más críticos de ese fenómeno que nos envuelve.

Tenemos que insistir, como es obvio, para que la próxima legislatura concluya con los cambios legales indispensables al menos para las elecciones regionales inmediatas, sin perjuicio de persistir en el objetivo de lograr un código electoral integral. La iniciativa decisiva está en los grupos parlamentarios y los partidos representados en el Congreso de la República. El receso parlamentario podría ser tiempo útil si se avanzara en lograr un acuerdo político efectivo para concretar esa reforma pendiente.

Transparencia cree que todos los actores públicos, sin distinción, debiéramos agotar los medios más eficaces para impulsar y facilitar ese resultado. En un país agobiado por escándalos nocivos, el avance en la reforma electoral debiera mostrar que la vía del progreso institucional de conjunto, hacia una democracia sin corrupción, sigue estando abierta.

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