Fuente: Diario La República

Para el presidente de Transparencia, Allan Wagner, es la falta de decisión política lo que impide llegar a un acuerdo en el tema de reforma electoral. Hecho preocupante, ya que en seis meses el Ejecutivo convocará a las elecciones regionales y municipales del 2018, por lo que considera que en este corto tiempo el Congreso deberá concentrarse en sacar adelante los temas referentes a la idoneidad de los candidatos y al financiamiento de los partidos políticos.

Acabó la legislatura. ¿Cuál es su balance sobre lo discutido en la Comisión de Constitución respecto a la reforma electoral?

Lo que ha faltado es una decisión política por parte de los partidos representados en la Comisión de Constitución para lograr un acuerdo y eso nos preocupa porque tenemos un plazo de seis meses para la convocatoria de las elecciones regionales y municipales del 2018. El tiempo va quedando corto para que se aprueben reformas electorales que puedan ser aplicadas en esas elecciones y signifiquen por un lado corregir aspectos que en las elecciones pasadas vimos y fueron deplorables, y, por otro lado, cambiar aspectos importantes de la legislación para asegurar tres cosas: el fortalecimiento de los partidos políticos, la idoneidad de los candidatos y la transparencia en el financiamiento que se utiliza en la campaña electoral.

El Congreso solo puede hacer cambios en el Código Electoral hasta octubre próximo para que entren en vigencia en las elecciones del 2018. ¿Qué considera que es lo más urgente que se debe impulsar?

Lo que nos quedaría como temas de concentración sería referente a la idoneidad de los candidatos y lo referente al financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales. Esto quiere decir que no se permitan candidatos que hayan recibido condenas por delitos graves. Además que los candidatos realmente hagan una transparencia de sus antecedentes y se perfeccione la información que actualmente deben proporcionar en materia de antecedentes personales, incluyendo cualquier información que pudiera significar un eventual conflicto de intereses entre su función parlamentaria y la privada. Otro tema es el financiamiento de los partidos políticos en las campañas electorales. Allí lo más importante es que todas las contribuciones mayores a una UIT deben ser bancarizadas, que se limite el monto de recursos que se declaran provenientes de actividades proselitistas como rifas, polladas o cocteles, de tal manera que sea una proporción menor dentro de lo que declaren los partidos como financiamiento. En las elecciones pasadas, un partido declaró el 60 % de sus ingresos provenientes de actividades proselitistas y eso es incorrecto. También está la no posibilidad de contribución de gobiernos y empresas extranjeras a fin de que no haya interferencias ajenas en los procesos electorales.

¿Cree que en el fujimorismo exista una verdadera voluntad política para legislar en el tema de prohibiciones en el financiamiento a partidos políticos?

Yo no tengo por qué prejuzgar lo contrario. El proyecto del grupo de trabajo de la congresista (Patricia) Donayre contenía elementos importantes que estaban consensuados con los demás integrantes que representaban a los partidos políticos. El aspecto de fondo es que habiendo elementos importantes como para lograr un entendimiento, al menos en aquellos aspectos pertinentes para las elecciones del próximo año, no hubo la decisión política para poder llegar a acuerdos. Aquí lo que se necesita es un acuerdo político, de las fuerzas políticas para lograr esos entendimientos y que sean sustantivos y aborden los temas fundamentales. Por otro lado, se debe tomar conciencia de que este es un asunto de interés para la ciudadanía y por consiguiente no es un tema privado de los partidos políticos, porque todos tenemos interés en que las elecciones sean los más transparentes y correctas posibles.

En varios debates en el Congreso, fundamentalmente el aprismo, pone en tela de juicio la participación de las ONG en el impulso de la reforma electoral, las acusan de inmiscuirse. ¿Qué podría decir al respecto?

Este (la reforma electoral) es un tema que corresponde a toda la ciudadanía. Si bien los congresistas son los representantes debidamente elegidos y los que tienen la capacidad de decisión, la ciudadanía tiene todo el derecho a interesarse en el tema y ofrecer propuestas para que sean consideradas. La sociedad civil organizada solo hace propuestas y es lo que hicimos desde Transparencia. Naturalmente, cuando vimos que el grupo de trabajo no iba avanzando manifestamos nuestra preocupación por lo que pudiera significar como resultado final. Son manifestaciones legítimas de la sociedad civil que para nada desconocen el fuero parlamentario, del que somos muy respetuosos porque somos esencialmente demócratas y respetamos el Estado de derecho.

¿Cuáles fueron los planteamientos propuestos por Transparencia?

Se propone que en el caso de los condenados o aquellas personas a los que se le haya abierto proceso en el Poder Judicial –donde el Ministerio Público haya completado la investigación; haya una acusación ante el Poder Judicial y el Poder Judicial haya abierto proceso–, deben estar limitados a participar como candidatos en las elecciones. En el tema de contribución financiera a los partidos políticos pensamos que lo importante es que sea transparente, que no existan contribuciones anónimas, que sean bancarizadas y se reduzcan los montos de los recursos captados por actividades partidarias. En conclusión: poner ciertos parámetros y transparentar las contribuciones. En Transparencia confiamos en que el congresista Miguel Torres, o quien lo suceda, pueda conducir los trabajos de la comisión de modo que antes del fin de la legislatura se pueda tener las reformas necesarias para las elecciones del 2018.

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