La importante Encuesta de Percepciones Ciudadanas sobre la Corrupción presentada recientemente por ProÉtica – Capítulo Peruano de Transparency International, ha vuelto a mostrarnos con crudeza la gravedad de este flagelo que afecta a la sociedad peruana, es decir a los poderes del Estado, al sector privado y a las organizaciones políticas. Ella impacta negativamente sobre las condiciones de vida de la población, las oportunidades de desarrollo del país y la calidad de nuestra democracia.

La Asociación Civil TRANSPARENCIA, cuya misión es contribuir al fortalecimiento de la democracia y la calidad de la representación política, considera oportuno reiterar la imperiosa necesidad de dar pasos firmes, decididos e inequívocos al menos en los siguientes ámbitos de reforma institucional:

  1. Una reforma electoral que garantice la plena transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales, impida el ingreso de dinero procedente de la corrupción, el narcotráfico, la tala y minería ilegales y cualquier otra forma delictiva y que eleve los estándares éticos de los candidatos a cargos de elección popular. Debe prohibirse la postulación de condenados o con prisión preventiva por los delitos antes señalados y otros de especialísima gravedad como el terrorismo, la violación sexual o la trata de personas.
  2. Una reforma de la Administración de Justicia que recoja las propuestas del Acuerdo por la Justicia y considere, especialmente, la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura con participación en él de representantes de la sociedad civil. Así mismo, el fortalecimiento de la justicia de paz y la reducción de los jueces supranumerarios para hacer de la Corte Suprema una efectiva corte de casación.
  3. Garantizar la máxima transparencia en el Estado y el acceso a la información pública, recuperando lo propuesto por la Comisión especial que elaboró el diseño original de la autoridad autónoma de la transparencia actualmente constituida en una dirección sin suficiente fuerza ni autonomía.
  4. Aprobar una Ley de Gestión de Intereses que incluya la obligación de todo funcionario público de presentar una Declaración Jurada de Intereses, transparente las relaciones entre el sector público y los legítimos intereses privados y regule la denominada “silla giratoria”, como mecanismos para afrontar los actuales y potenciales conflictos de intereses.

Estas y otras propuestas están incluidas en el Plan 32 de Reformas Institucionales presentado por TRANSPARENCIA el año 2015 y en el Informe de la Comisión Presidencial de Integridad en diciembre del 2016.

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