Entrevista: María Elena Castillo, Diario La República.
Foto: La República

El embajador Allan Wagner, presidente de Transparencia, expresa la urgencia de que el Congreso apruebe una reforma electoral antes del 24 de este mes, a fin de que se pueda aplicar a los comicios del 2018. Advierte que también es necesario el compromiso de la ciudadanía de asumir una cultura de integridad, de lo contrario seguiremos formando niños complacientes ante la corrupción.

La encuesta de Proética sobre percepción de la corrupción deja un panorama difícil, ¿qué le parece más preocupante?

Son resultados preocupantes aunque no son novedosos. Esta es una situación que se ha venido alertando en anteriores encuestas que IPSOS ha hecho a pedido de Proética. Lo que sí nos indica es que el problema continúa y en algunos casos se ha agravado en lo relativo a percepción de la gente con respecto a la seriedad de este asunto y al mismo tiempo del comportamiento de las instituciones que estarían llamadas a combatir y evitar la corrupción.

¿Cuál es su utilidad?

Es una encuesta muy útil y hay que profundizar su estudio. Pero de inicio nos muestra una realidad que ha llevado a la Asociación Civil Transparencia a emitir un pronunciamiento en vista de que es necesario insistir sobre todo en cuatro reformas que se encuentran en el Plan 32 que presentamos hace dos años y también en el informe de la Comisión Presidencial de Integridad del año pasado.

La reforma electoral es una de ellas. ¿Qué debe verse con prioridad para que tenga vigencia en los comicios del 2018?

Esto tiene que ver con la necesidad de evitar por todos los medios posibles que la corrupción penetre en el sistema político en el país porque eso, además de todas las consecuencias negativas que la corrupción tiene per se en la calidad de vida de las personas, afecta la democracia. Se corre el riesgo de que (los elegidos) no sean representantes del pueblo sino de intereses corruptos.

Un alto porcentaje de la población opina que la criminalidad organizada está muy infiltrada en la política y 36% dice que ello se debe al financiamiento de campañas políticas con dinero ilícito…

Un aspecto fundamental que ha sido trabajado en el grupo que presidió la congresista Patricia Donayre y actualmente se encuentra en el dictamen de la Comisión de Constitución que está a consideración del Pleno del Congreso es todo lo concerniente al financiamiento de los partidos políticos y las campañas electorales, asegurando que se realice con la máxima transparencia.

¿Hasta cuándo se puede aprobar para que tenga vigencia en el proceso del próximo año?

El 24 de octubre es la fecha límite y debería quedar aprobado por el Pleno. Ya se aprobó un dictamen sobre el cronograma electoral que es importante porque reordena el proceso. Está pendiente el dictamen sobre los partidos políticos, acordado ya en Constitución. Ha habido una discusión en el Pleno sobre este último y se están perfeccionando algunos puntos. Un aspecto fundamental para asegurar la transparencia es que no exista anonimato en las contribuciones.

Ni rifas ni polladas…

Así es. Se está perfeccionando el artículo correspondiente para que se exija que las contribuciones a través de las llamadas actividades proselitistas sean nominales, es decir, que la persona que haga la contribución a la pollada o al coctel esté claramente identificada y luego todo eso sea bancarizado. Además, se está estableciendo que no se puedan presentar como candidatos personas con sentencias por delitos graves. Tenemos entendido que también se está incorporando en el proyecto de ley que las sanciones para los partidos que no cumplan con informar a la ONPE sobre gastos e ingresos no sean solo multas que nunca se pagan, sino también políticas y podrían incluir la exclusión de ese partido del padrón electoral.

¿Puede anularse el voto preferencial sin elecciones internas fortalecidas?

Deben ir unidas. Las elecciones primarias a cargo de los organismos electorales son muy importante porque eso fortalecería a los partidos políticos. Al final de cuentas, todo esto tiene por finalidad mejorar la calidad de la democracia. Si se cumple la meta del 24 de octubre vamos a tener una mejor representación.

¿Y si no?

Las pruebas están sobre la mesa: la cantidad de ex alcaldes y ex gobernadores que están enjuiciados y cumpliendo condenas por corrupción. Pero, además, en nuestro pronunciamiento insistimos en otros aspectos que son importantes en la lucha contra la corrupción y tienen que ver con una reforma en la administración de justicia.

Lo que también depende del Congreso…

Se requiere apoyo de la ciudadanía, del Congreso y del Ejecutivo porque muchas de esas reformas requieren de recursos adicionales. Por ejemplo, hablando del Poder Judicial, una tercera parte de los jueces son supernumerarios, ni siquiera son provisionales. Eso quiere decir que han sido llamados por los presidentes de las Cortes Superiores para cumplir una función. ¿Qué compromiso tiene esa persona con la justicia? Eso tiene que corregirse y eso significa mayores recursos para que se realicen los concursos necesarios de fin de que jueces titulares ocupen esos cargos. Y como eso hay una serie de aspectos que deben trabajarse en el Poder Judicial y en el Ministerio Público para mejorar la administración de justicia, que conducirá a disuadir y sancionar a los corruptos.

¿Qué mensaje dan casos como el reciente archivo de la investigación por lavado de activos al ex secretario general de Fuerza Popular Joaquín Ramírez, con el argumento de que debe probarse un delito previo?

Es algo muy negativo y peligroso por la base legal utilizada y sus posibles repercusiones en casos importantes de lavado de activos que están siendo investigados, tal como lo ha señalado el fiscal de la Nación. Tengo entendido que en los próximos días la Corte Suprema realizará una plenaria de casación para revisar la decisión del juez penal de Arequipa que ha originado esta insólita situación. Esa plenaria debe efectuarse lo antes posible y la Corte Suprema debe revocar la decisión tomada en Arequipa porque es errónea e inadmisible para la correcta administración de justicia.

¿Qué otros temas se deben trabajar con urgencia?

Es extremadamente importante tener una cultura de la integridad. Nos podemos llenar de leyes y reglamentos, pero si cada uno de nosotros no es consciente de que se debe actuar honestamente, siempre habrá situaciones en las que la gente pueda, al menos, intentar comportamientos deshonestos. Se requiere una educación en valores desde la familia. No se trata solo de cursos de ética. Un niño que ve a sus padres dar un soborno se forma en una cultura de complacencia ante la corrupción y cuando sea adulto le será más fácil ser corrupto.

Anuncios