Escribe: Gerardo Távara, Secretario General de Transparencia

La Comisión de Constitución aprobó en su primera sesión de trabajo de la presente legislatura el dictamen sobre uno de los temas más sensibles y urgentes de la reforma electoral: el financiamiento de la política. El debate empezó en la legislatura anterior con aportes de diversas bancadas, el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral, el Poder Ejecutivo, los organismos electorales, la Comisión Presidencial de Integridad y la Asociación Civil Transparencia.

El dictamen aprobado establece la prohibición de aportes de personas condenadas o con prisión preventiva por narcotráfico, corrupción, terrorismo, trata de personas, minería ilegal, tala ilegal o lavado de activos, y se extiende hasta diez años después de cumplida la condena. Se trata de una medida muy destacable y que impactará positivamente en la limpieza de la política.

La disposición genera, además, un importante precedente para el debate sobre requisitos e impedimentos para postular a cargos de elección popular (otro tema crucial en la agenda de la reforma). Es meritorio también que se haya aprobado que los aportes mayores a una UIT se realicen a través del sistema financiero.

Ahora bien, con el mismo propósito de transparentar el financiamiento de la política debiera explicitarse la prohibición de aportes anónimos. Por ejemplo, indicando que los informes de las organizaciones políticas a la ONPE incluyan la relación completa e individualizada de todos los aportantes y los respectivos montos.

Lo mismo respecto de lo recaudado en actividades proselitistas cuyo tope se ha fijado en 250 UIT por actividad (más de un millón de soles). La redacción del artículo correspondiente requiere ser precisada para que no quede duda de que el partido debe identificar a cada uno de los aportantes en cocteles, rifas, cenas, polladas y actividades similares.

No se trata de poco dinero. Como muestra un informe de Transparencia, los fondos obtenidos en actividades proselitistas se quintuplicaron del 2006 al 2016 pasando de 3% a 16% del total recaudado por los partidos y alianzas. En las últimas elecciones, Alianza Popular reportó 60% y Fuerza Popular 31% de sus ingresos totales como producto de ese rubro de financiamiento. La Comisión Presidencial de Integridad propuso un tope de 10%.

Es indispensable evitar que las actividades proselitistas sean una rendija por la cual puedan infiltrarse dineros anónimos o de dudosa procedencia. En esa línea, es también importante la colaboración mutua entre la Unidad de Inteligencia Financiera y los organismos electorales para detectar a tiempo movimientos sospechosos.

Se requiere igualmente una precisión en cuanto a la información sobre compra de propaganda electoral. El dictamen señala que los medios de comunicación remitirán a pedido de la ONPE un consolidado de lo contratado. No obstante, lo que en realidad necesitamos es conocer con inmediatez el detalle de los espacios publicitarios vendidos a cada organización política. No olvidemos que este es uno de los rubros de mayor gasto en campaña electoral.

Para su cumplimiento, las normas requieren incentivos y sanciones efectivas. Al respecto, el dictamen aprobado en la Comisión de Constitución es –digamos– conservador, pues mantiene como únicas sanciones la suspensión del financiamiento público directo y multas.

Suspender el financiamiento directo es una sanción aplicable solo a los partidos que logran representación parlamentaria, pues son los únicos que por ley reciben dinero del Estado. A diferencia de los partidos políticos, los movimientos regionales no tienen derecho a financiamiento público directo. Por tanto, la sanción no es efectiva para esas organizaciones, aunque –como ocurre desde el 2006– probablemente volverán a ser protagonistas en las elecciones regionales y municipales del 2018.

Respecto a las multas, sabemos que por lo general no se pagan y –pese a ello– los partidos y movimientos siguen operando y compitiendo. Reiteramos, pues, la propuesta de establecer sanciones de carácter político. Vale decir, que ante infracciones especialmente graves –recibir financiamiento ilegal, por ejemplo– las organizaciones políticas vean suspendido su derecho a participar en elecciones o incluso pierdan su inscripción. Esa sí sería una medida efectiva.

Es responsabilidad de los grupos parlamentarios hacer del debate en el pleno del Congreso una oportunidad para mejorar sustancialmente el dictamen y responder a la expectativa ciudadana de una reforma electoral que ayude a proteger la democracia del peligro de la corrupción. Podemos ir avanzando.

Fuente y foto: El Comercio

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