El Pleno del Congreso aprobó el pasado 4 de octubre en primera votación un dictamen de modificaciones a la Ley de Organizaciones Políticas con el propósito –según el propio texto aprobado- de “optimizar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas, prevenir actos de corrupción y combatir el clientelismo en la política”.

El dictamen prohíbe la recepción de aportes anónimos de cualquier tipo y expresamente los que provengan de personas condenadas o con prisión preventiva por delitos de corrupción, narcotráfico, minería ilegal, tala ilegal y otros de similar gravedad.

Estas importantes disposiciones se verían opacadas por otra contenida en el mismo dictamen que señala que en cada proceso electoral las organizaciones políticas presentan a la Oficina Nacional de Procesos Electorales – ONPE un único informe de ingresos y gastos de campaña 10 días después de emitida la resolución que da por concluido el proceso electoral. Esto es preocupante.

La ley vigente faculta a la ONPE a solicitar informes de ingresos y gastos de campaña en el momento y plazo que considere. Esta facultad permite que ONPE establezca –tanto en el Reglamento de Supervisión de Fondos Partidarios como en resoluciones emitidas para cada proceso electoral- cronogramas con fechas fijas para la presentación de los respectivos informes por cada organización política participante en la contienda. Así, por ejemplo, para las Elecciones Generales del 2016 la ONPE fijó cinco fechas para la entrega de los citados informes.

Contar con un cronograma de presentación de informes financieros durante la campaña permite a ONPE una verificación continua del cumplimiento de las obligaciones legales sobre financiamiento electoral. Pero al mismo tiempo, permite que la población cuente con información sobre la mayor o menor transparencia con que se conducen las organizaciones políticas que participan de las elecciones, pues ONPE ha venido informando con prontitud –al día siguiente de vencido el plazo- sobre el cumplimento o no de esta obligación por cada uno de los partidos, alianzas o movimientos regionales. Instituciones como TRANSPARENCIA que realizamos observación y educación electoral desde hace más de 20 años reiteramos permanentemente a la población que un voto informado y responsable ha de considerar como criterio la mayor o menor transparencia financiera de las organizaciones políticas.

Al eliminar la obligación de los partidos políticos, alianzas y movimientos regionales de reportar a ONPE sus ingresos y gastos durante el proceso electoral no solo se restringen las facultades de verificación del organismo electoral, sino que también se afecta el derecho de información de los ciudadanos y ciudadanas. Si en la segunda votación el Pleno del Congreso aprueba el dictamen tal cual fue presentado por la Comisión de Constitución, las importantes disposiciones del citado dictamen a las que nos referimos al inicio de este texto podrían quedar en muy buenas intenciones y su cumplimiento estaría sujeto únicamente a la buena fe de las organizaciones políticas.

Es ante esta situación –y en salvaguarda del derecho a la información de los electores- que TRANSPARENCIA ha dirigido una comunicación a la Presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso, Úrsula Letona, proponiendo que antes de someter el dictamen a segunda votación del Pleno se restituya la obligación de las organizaciones políticas de presentar reportes de ingresos y gastos durante el proceso electoral y no solo al final del mismo. Consideramos que esto es vital para lograr el objetivo de optimizar la transparencia en el financiamiento de las organizaciones políticas y prevenir actos de corrupción en la política.

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