Entrevista: Ricardo Monzón Kcomt, Diario Perú.21
Foto: Diario Perú.21

En la encuesta de Datum se da cuenta de que el 90% de la población considera que el nivel de la corrupción en el país es alto o muy alto. ¿Qué lectura le da a esta cifra?
Hay varias maneras de leer ese dato. Una es la de la preocupación porque el Perú va escalando en el ranking de países con mayor corrupción, percibido así, incluso, por los propios ciudadanos. Pero, al mismo tiempo, puede leerse como una manera de ir haciendo conciencia de un problema que ciertamente es grave.

¿Un indicador de que se eleva la indignación?
Claro, podría leerse como una toma de conciencia de la población ante un problema real. Hay corrupción y se expresa a través de los gobiernos locales, municipales y regionales, de la política y de las empresas. Hay que tener presente, al leer esta encuesta, que en los últimos meses estalló en el Perú el escándalo Lava Jato. En ese contexto, el 90% que dice que hay un nivel muy alto o alto de corrupción puede ser visto como una toma de conciencia siempre que eso no se traduzca en una resignación sino en una indignación, en una movilización ciudadana por la integridad.

¿Le preocupa que el 79%, según Datum, se muestre muy o bastante tolerante con la corrupción?
Sí, y el 80% dice que hay mucha corrupción en el Poder Judicial (PJ). Esa combinación de alta corrupción en el PJ y de tolerancia a la corrupción puede dar como resultado resignación e impunidad porque si los peruanos decimos que “hay mucha corrupción, pero somos tolerantes”, pareciera que no hay una salida. Si caemos en la conclusión de que no hay salida, terminamos resignándonos a que ni siquiera se sancione la corrupción, eso se llamaría impunidad. Esas situaciones hay que vencer a través de un liderazgo claro y de reformas políticas por ejecutar.

¿Qué reformas?
El Congreso tiene que producir reformas que tengan como objetivo bloquear la corrupción en la política. Por ejemplo, la absoluta transparencia en el financiamiento de las campañas electorales y a los partidos, sanciones muy efectivas para cuando se demuestra que algún partido recibió dinero de la corrupción o del narcotráfico, y que se impide la candidatura de las personas condenadas por corrupción.

¿Por qué cree que el 60% dice que existe mucha corrupción en el gobierno de PPK y el 42% cree que su gobierno no hace nada contra este mal?
Yo creo que la población está demandando que haya un liderazgo mucho más neto por parte de las actuales autoridades para hacer frente a la corrupción. Estos datos tienen que llamar la atención al Ejecutivo para liderar una política muy clara contra la corrupción. De alguna manera, yo creo que la llamada de atención es a los tres poderes del Estado. El PJ y el Ministerio Público tienen en sus manos la investigación y sanción de los casos de corrupción y el Congreso tiene en sus manos la investigación política y el dotar de una legislación que impida la reproducción de la corrupción.

¿Cuál es su balance en la aplicación de las cien propuestas que dio la Comisión Presidencial de Integridad (CPI) que creó el presidente?
Algunas recomendaciones se han implementado, pero todavía falta mucho por cumplir. Debe haber una autoridad de la transparencia autónoma y con fuerza, una ley de intereses para evitar los conflictos de intereses, una ley que obligue a los funcionarios públicos a presentar una declaración jurada de intereses… Un conjunto de propuestas se quedó en el escritorio y no se ha convertido en normas.

¿Se quedaron en el olvido?
Yo creo que hay una parte que se ha avanzado, pero todavía hay mucho camino por recorrer. El informe de la CPI abrió una puerta, pero esta no ha sido suficientemente aprovechada.

¿Cree que para el Gobierno es prioridad impulsar el liderazgo en este tema?
Yo creo que hay algunos momentos en que ha demostrado que este tema lo asumía con prioridad, pero se requiere que este sea un esfuerzo consistente, no por momentos. La lucha contra la corrupción tiene que ser constante. No se va a lograr en el corto plazo, pero no podemos perder un minuto más.

Mencionó como una de las reformas a emprender la del financiamiento a los partidos y, sobre ello, el Congreso aprobó en primera votación prohibir aportes de personas jurídicas. ¿Está de acuerdo?
Y también prohíben que condenados o con prisión preventiva por delitos de corrupción aporten a los partidos. Ambas medidas están muy bien. Lo que falta son sanciones políticas para quienes reciben dinero de estas personas, a quienes se les prohíbe aportar. Pero hay otro tema que nos preocupa. En ese dictamen se quitó la obligación de los partidos de presentar informes de gastos a la ONPE durante la campaña y ahora se presentará cuando ya acabó el proceso. Eso le quita a la ONPE la capacidad de hacer un control concurrente y nos quita a los ciudadanos la posibilidad de tener un elemento más para decidir nuestro voto.

Autoficha

– “Soy secretario general de la Asociación Civil Transparencia. El embajador Allan Wagner, presidente de Transparencia, mandó una carta a la congresista Úrsula Letona pidiéndole que reconsidere el punto en el cual los partidos deben presentar sus informes luego de la campaña”.

– “Cuando las personas que han cumplido condenas o que están en prisión investigadas por delitos de corrupción siguen haciendo política, vuelven a postular o anuncian su postulación, se produce esta sensación de que algo tiene que cambiar”.

– “La reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ayudaría mucho para que se recupere la confianza de la población en los jueces y fiscales que son fundamentales en la lucha contra la corrupción, para la investigación y sanción de estos delitos”.

Fuente: Diario Perú.21

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