Escribe: Federico Tenorio, director de Cedepas Norte y Directivo de Transparencia
Fuente: Visión Empresarial, Cámara de Comercio de La Libertad

Uno de los factores que más perjudican la imagen de los entes gubernamentales, es sin duda los altos niveles de corrupción -difundidas por los medios de comunicación- tanto en los diferentes estamentos públicos, como privados. Ante esto, la Asociación Civil Transparencia presentó 32 propuestas que son necesarias para mejorar la institucionalidad y la transparencia. Estas reformas están vinculados a cuatro ejes: (i) Sistema electoral, (ii) Funcionamiento del Congreso de la República, (iii) Funcionamiento del sistema de justicia y (iv) Medidas para favorecer la transparencia y mejorar la gestión en la Administración Pública.

Estas propuestas de reforma institucional han sido recogidas de manera parcial por el Congreso de la República; así mismo, las propuestas elaboradas por la Comisión de Integridad y entregadas al Presidente de la República no han sido abordadas con el interés y la urgencia que la ciudadanía esperaba. Entonces, propuestas para hacer cambios sustantivos que mejoren el perfil y la imagen de los entes gubernamentales hay varias desde la sociedad civil y también de diferentes organismos del estado.  Es imprescindible el liderazgo del cargo más alto del ejecutivo es decir de la Presidencia de la República y también de la mayoría en el Congreso a fin de hacer los cambios normativos necesarios y su aplicación inmediata. Por ejemplo, impedir que los sentenciados por corrupción, terrorismo, violación o narcotráfico sean candidatos a cualquier cargo público, de esta manera podríamos contar con candidatos al menos idóneos. Otro aspecto a destacar es la transparencia en el financiamiento de los partidos políticos, identificando a los donantes sin importar el monto. También es necesario el compromiso de la ciudadanía, que no sea complaciente con la corrupción.

 Institucionalidad

Desde instancias del gobierno y específicamente de la PCM se calculaba que el costo de la corrupción en el Perú equivaldría al 2% del PBI. Sin embargo, la corrupción ha crecido en los últimos años, por ello Proética estima pérdidas mayores alcanzando los 33.800 millones de soles anuales, es decir un promedio de entre 3% y 5% del PBI. Este recurso utilizado convenientemente podría reducir las brechas sociales en el Perú. Por otro lado, uno de los objetivos de los últimos gobiernos es ingresar a la OCDE; sin embargo nuestro país tiene que fortalecer su institucionalidad a partir de una mayor relación entre la sociedad y el ESTADO. Para ello es necesario contar con instituciones fortalecidas y calidad de las políticas públicas, que logre responder y dar soluciones inmediatas a las necesidades de la población. Para ello se deben implementar prácticas eficientes de transparencia y rendición de cuentas, logrando el fortalecimiento y la credibilidad de la población con el gobierno. Aquí tenemos el mayor desafío como sociedad, actualmente nuestro país enfrenta un déficit muy alto de instituciones fuertes e íntegras, que trae como consecuencia la fragilidad en nuestro sistema democrático.

Nuevamente volvemos a mencionar que existen reformas pendientes vinculadas al sistema electoral, la transparencia, sistema de justicia y funcionamiento del congreso; estamos en un círculo vicioso porque la debilidad de las instituciones constituye una limitante para la implementación de estas reformas, los mismos que debilitan los niveles de desarrollo y la calidad de vida de la población; además de ello, facilita el crecimiento de la corrupción que se puede medir con las más de 900 obras paralizadas por un equivalente de más de 4 mil millones de soles a nivel nacional, y los servicios públicos deficientes, incluso la perdida de infraestructura. La corrupción, convierte en inoperativas los sistemas públicos y mengua la confianza de la población en sistemas formales.

Urge fortalecer la institucionalidad democrática del país a partir de la participación ciudadana en todos los niveles de gobierno, es necesario fortalecer la institucionalidad, no solo vinculada a entidades públicas, si no también privadas y de la sociedad civil; con esto se podría mejorar la confianza de la población, reduciendo la permisibilidad de prácticas poco transparentes que retrasan el desarrollo del país.

Se puede decir que todo empieza desde la educación de la población, con valores fuertes que no se vean afectados por un sistema de corrupción visible en todos los servicios públicos y entidades privadas. Los valores institucionales se cumplen siempre y cuando las personas se reconozcan con estos; si no hay identificación de la ciudadanía con valores democráticos, de anticorrupción y ética, así la institución los tenga en sus procesos no serán cumplidos.

Se ha llegado a “naturalizar” y permitir sistemas poco éticos, bajo justificantes como “Los gobernantes roban más”, “Roba pero hace obras”, entre otros. Son frases comunes que reflejan la permisibilidad de la población ante delitos, y aunado a ello la población desconfía del sistema de justicia pero no denuncia estas prácticas, por el contrario convive con ellas y en el mejor de los casos se hace de la “vista gorda”.

En esta línea, se requiere fortalecer capacidades en el ejercicio de ciudadanía, en ética y valores públicos y desde el congreso se deben evaluar las reformas presentadas para mejorar la institucionalidad del país, con el objetivo de beneficiar a la población y no desde intereses particulares. Esto sería un gran paso, para mostrar un real avance ante la corrupción, y mejorar la confianza de la población en el sistema democrático y sus instituciones.

 

Fotografía: RPP

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