El Congreso de la República aprobó la ley que impide a las personas que hayan sido condenadas por terrorismo, narcotráfico, corrupción y violación sexual postular a cargos de elección popular de nivel municipal, regional y nacional. La prohibición se aplica aun cuando se haya producido la rehabilitación; es decir, de por vida.

La propuesta forma parte del “Plan 32: Reformas Institucionales para Fortalecer la Democracia” que la Asociación Civil TRANSPARENCIA hizo público a fines del 2015 y entregó formalmente al Congreso de la República y al Poder Ejecutivo en agosto del 2016. Para respaldar esta y otras reformas, la red de voluntariado de TRANSPARENCIA –compuesta mayoritariamente por jóvenes- reunió más de 52 mil firmas en todo el país, las que fueron alcanzadas a la Presidencia del Congreso y del Consejo de Ministros en febrero del 2017.

Iniciado el proceso de reforma electoral –todavía en marcha- el Jurado Nacional de Elecciones, el Poder Ejecutivo, la Comisión Presidencial de Integridad, el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral de la Comisión de Constitución y diversos grupos parlamentarios incluyeron –con algunas variantes- propuestas para impedir la candidatura de personas condenadas por delitos especialmente graves.

El 2 de noviembre del 2017, la norma fue aprobada en el Pleno del Congreso y remitida al Presidente de la República para su promulgación. Sin embrago, la autógrafa de ley fue observada y devuelta al Congreso por cuanto incluía una excepción referida a las personas que recibieron indulto “razonado o especial”, categoría que no existe en la legislación nacional pero fue empleada para referirse a aquellas personas que fueron injustamente condenadas por terrorismo e indultadas por recomendación de la Comisión Especial creada por ley en 1996[i] precisamente para revisar estos casos y corregir la arbitrariedad que los órganos judiciales habían cometido. La Comisión de Constitución decidió aceptar las observaciones y remitió el texto para su ratificación en el Pleno del Congreso de la República. En vista de que el Congreso no tomaba la decisión final, la Asociación Civil TRANSPARENCIA emitió el Pronunciamiento “Impedir Delincuentes en Próximas Elecciones”, de fecha 5 de enero del 2018, haciendo notar la urgencia de convocar a una sesión plenaria para aprobar y publicar la norma antes de la convocatoria a Elecciones Regionales y Municipales prevista por ley para el 10 de enero a fin de que pueda ser aplicada en dicho proceso electoral. El Pronunciamiento fue acompañado de una intensiva campaña de incidencia a través de los medios de comunicación y redes sociales y de un diálogo directo con voceros de los diversos grupos parlamentarios.

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Finalmente, la Presidencia del Congreso convocó al Pleno para el martes 9 y puso a debate y votación esta importante norma. La ley fue aprobada con el voto de 93 congresistas de Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Peruanos por el Kambio, Nuevo Perú, Acción Popular, Partido Aprista y no agrupados. En el mismo día la ley fue publicada en una separata especial del diario oficial El Peruano con el número 30717, quedando expedita para ser aplicada en las elecciones regionales y municipales que se realizarán el 7 de octubre del presente año.

Se trata de un paso de especial relevancia para darle calidad a la democracia y a la representación política. Corresponde ahora vigilar el cumplimiento de esta ley y redoblar esfuerzos para profundizar y perfeccionar la reforma electoral.

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[i] Ley N° 26655, del 16 de agosto de 1996.

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