Escribe: Jorge Medina Méndez, Directivo de la Asociación Civil Transparencia
Fuente: El Comercio
Imagen: El Comercio

Cualquier selección se sentiría satisfecha con ganarle –o hasta empatarle– a Brasil en el próximo Mundial. Pero estar a la altura de los creadores del ‘jogo bonito’ y ganadores de cinco copas del mundo no es tarea fácil. El Perú ya se cruzó con Brasil en dos mundiales y perdió en ambos: 2-4 en 1970 y 0-3 en 1978.

Hoy, hay otro torneo en el que Brasil también es protagonista, pero en el que ganarle o empatarle no es motivo de orgullo: el de la corrupción. El Perú empata con Brasil en el puesto 96 de 180 países en el Índice de Percepción de la Corrupción 2017 de Transparencia Internacional, el indicador más importante del mundo en esa materia. Ambos países tienen 37 puntos en una escala de 0 a 100, en donde 0 indica el país con mayor corrupción y 100 el de mayor transparencia. En la región, Uruguay (70), Chile (67) y Costa Rica (59) nos sacan importante ventaja. A nivel de la OCDE, organización a la que el Perú aspira entrar antes del bicentenario, la gran mayoría de sus 34 miembros supera –algunos holgadamente– los 50 puntos.

Precisamente, los expertos señalan que los países que están por debajo del umbral de 50 puntos fracasan en combatir la corrupción afectando su desarrollo sostenible. Esto explica por qué el Perú no logra progresar más, económica y socialmente. El BBVA Research ha reducido su pronóstico de crecimiento de 3,9% a 3,5% para el 2018, con sesgo a la baja. Si se detiene la construcción –principal motor de crecimiento este año–, se dejarán de generar decenas de miles de puestos de trabajo. Importantes empresas de este sector, que han sido involucradas en el llamado ‘club de la construcción’, enfrentan serios problemas para recibir financiamiento bancario y están a la espera de un consenso sobre la norma que reemplazará al Decreto de Urgencia 003 para garantizar la continuidad de las obras de infraestructura.

En un país en el que campea la corrupción –y en donde los más pobres destinan entre 5% y 8% de sus ingresos al pago de coimas para obtener servicios que por ley les corresponden– difícilmente se podrá reducir la pobreza de 21% a 15% y desaparecer “virtualmente” la pobreza extrema el 2021, para hacer realidad la revolución social prometida por el presidente Pedro Pablo Kuczynski en su mensaje inaugural.

El Perú ha caído cinco posiciones respecto al año pasado en el Índice de Competitividad Global del Foro Económico Mundial y se ubica en el puesto 72 de 137 economías. La corrupción figura como el más problemático de los 16 factores para hacer negocios. En Instituciones estamos en los últimos puestos (116), debido a nuestra mala posición en pagos irregulares y sobornos (89), comportamiento ético de las empresas (121), confianza en la clase política (126), crimen organizado (129) y carga regulatoria (131).

En el ránking Doing Business 2018 del Banco Mundial, el Perú está en la ubicación 58, con la que suma su cuarta caída consecutiva. El estimado de confianza empresarial para este año está estancado y el de confianza para contratar personal está a la baja. Además, la confianza del consumidor cayó de 52 a 48 puntos este mes, con lo que el Perú retorna al terreno pesimista. Apoyo Consultoría estima probable que en los próximos meses se sigan registrando indicadores débiles.

En el Índice de Estado de derecho del World Justice Project, el Perú ha mejorado cinco posiciones, pero sigue por debajo de la mediana: ocupa el puesto 60 de 113 países. En la categoría ausencia de corrupción, estamos en la ubicación 89. En orden y seguridad ocupamos el puesto 86, en justicia penal el 88 y en justicia civil el 93.

El destape de Lava Jato y los cuestionamientos a empresarios y políticos, incluyendo a ex presidentes y al actual mandatario, demuestran que la corrupción puede ser muy sofisticada y sutil. Empecemos entonces por ponerle candados temporales a las puertas giratorias que, sin ser necesariamente corruptas en sí mismas, pueden generar conflictos de interés que causen riesgos de corrupción. En la Unión Europea existe un período de espera de hasta tres años para ocupar ciertos cargos en el sector privado.

Pero falta más. Solo 30 de las 100 recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad fueron consideradas por el Gobierno, 17 en forma parcial y 13 en forma total, según el Observatorio de Integridad. El diseño bajo el cual se creó la autoridad de transparencia y acceso a la información pública no ofrece garantías de autonomía real. De otro lado, muy pocas de las altas autoridades del Estado han cumplido con publicar su declaración jurada de intereses. Por ejemplo, de los 130 congresistas solo 17 lo han hecho.

En octubre elegiremos autoridades regionales y locales. Según datos de la Procuraduría Especializada, hay 1.500 investigaciones y procesos por presuntos delitos de corrupción en contra de 600 autoridades regionales, provinciales y distritales. Sin el compromiso de ser transparentes y una verdadera reforma política, nada nos protege de tener autoridades corruptas. Saber quién es quién –a través de las declaraciones juradas de intereses– es de la mayor relevancia.

Nueva Zelanda, a quien dejamos fuera del Mundial, es el país más transparente del planeta, está entre los 13 más competitivos y su desarrollo humano es muy alto. Nuestro rival del repechaje muestra con meridiana claridad la estrecha relación que existe entre la transparencia y el desarrollo sostenible. Ojalá lo imitemos en los partidos contra la corrupción. Para eso, más que jugar bonito, tenemos que jugar limpio.

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