Desde el inicio del actual período parlamentario, la Comisión de Ética Parlamentaria ha recibido 93 denuncias por presuntas infracciones éticas cometidas por Congresistas de la República. Tras un año y medio en funciones, solamente ha recomendado se sancione cinco de estos casos. El Pleno del Congreso solo ha sancionado a dos congresistas.

Ahora bien, que solo el 4% de los casos procesados en la Comisión tengan como resultado la recomendación de una sanción, podría significar que no todas las denuncias ameritaban una sanción efectiva o, por otro lado, que los criterios técnicos o políticos de lo que es sancionable son laxos. Para poder arribar a una conclusión, es necesario conocer las etapas que los procesos siguen en esta instancia del Congreso y los casos que han sido depurados por la Comisión en cada una de ellas.

La primera etapa es la de denuncia. De acuerdo al artículo 11° del Código de Ética Parlamentaria, pueden presentar denuncias uno o más congresistas, cualquier persona (natural o jurídica) afectada por la conducta de un congresista, o la Comisión puede también actuar de oficio al conocer de una presunta infracción, por ejemplo, por los medios de comunicación. Desde el inicio del período parlamentario en agosto de 2016, se procesó 93 denuncias[1].

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Tras la denuncia, la Comisión debe decidir si los hechos denunciados ameritan o no que inicie una investigación. De acuerdo al artículo 28° del Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria, se inicia investigación cuando los hechos infringen los principios establecidos en el Código de Ética Parlamentaria y cuando, además, las pruebas o indicios presentados permiten realizar la investigación. De las 93 denuncias recibidas, la comisión decidió iniciar investigación en 14 casos.

La Comisión decidió no abrir investigación en casos como la denuncia contra la congresista Luz Salgado Rubianes por la compra irregular de computadoras, o la denuncia contra el congresista Kenji Fujimori Higuchi por regalar equipos de cómputo en dos centros educativos en Tinta, Cusco. De igual modo, la comisión decidió no abrir investigación por las múltiples agresiones verbales a congresistas mujeres o ministras, de las que fueron responsables los congresistas Edwin Donayre, Humberto Morales, Roberto Vieira, Rolando Reátegui y Guillermo Bocángel, a pesar de existir disposiciones explícitas en el Código de Ética Parlamentaria sobre el trato respetuoso y cortés[2] que se deben los y las congresistas.

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En estos 14 casos, la Comisión emitió una resolución que fue notificada al congresista denunciado/a para que pueda presentar sus descargos. Luego, de acuerdo al Reglamento de la Comisión, se cita al denunciado/a una audiencia con el denunciante, en la que pueden participar testigos u otros actores citados[3]. En esta audiencia también se actúan todas las pruebas presentadas, y una vez culminada, termina también el proceso de investigación y la Comisión tiene 20 días hábiles para emitir un informe que resuelva si la denuncia se declara fundada o infundada[4].

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Varios casos quedaron fuera en esta etapa del proceso. Uno de los más conocidos fue la segunda denuncia contra la congresista Yesenia Ponce por declarar información falsa en su Hoja de Vida. La Comisión decidió que el hecho no ameritaba sanción. El informe[5] sostiene que no puede considerarse que la congresista haya infringido deberes o principios de honradez, veracidad, integridad o responsabilidad relacionados a la ética parlamentaria y decretó el archivo del caso, aunque la conducta de la congresista Ponce implicara la comisión de delitos contra la fe pública.

Similar suerte siguieron los casos a continuación:

Congresista Caso
Nelly Cuadros Candia (FP) Por consignar información falsa en su Hoja de Vida sobre su experiencia laboral y sus propiedades. La Comisión estimó que la congresista presentó los medios probatorios suficientes para desestimar la denuncia.
Modesto Figueroa Minaya (FP) Por incumplimiento de mandato judicial que ordena el pago de noventa mil soles. La Comisión estimó que se acreditó el pago en el proceso, pero no se pronunció sobre la no inclusión de dicha sentencia en la Hoja de Vida del congresista.
Yesenia Ponce Villarreal (FP) Consignó información falsa en su Hoja de Vida sobre sus estudios secundarios. La Comisión estimó que la congresista presentó los medios probatorios suficientes para desestimar la denuncia.
Dalmiro Feliciano Palomino Ortiz (FP) Por omitir información sobre una sentencia dictada por el delito contra el patrimonio en la modalidad de estafa y por irregularidades en la contratación de su ex asesora, Sra. Melissa Almengor Reyna, madre de uno de los hijos de su hermano Romuel Palomino Ortiz. La Comisión estimó que la denuncia no es sancionable por cuanto no se ha probado que el congresista supiera de la relación sentimental entre su ex asesora y su hermano, por lo que no incurriría en nepotismo.

De las 14 investigaciones iniciadas, la Comisión ha emitido 10 informes, el último en noviembre de 2017. De ellos, 5 recomendaban suspensiones sin goce de haber entre 30 a 120 días, para los casos siguientes:

Congresista Caso Sanción recomendada por la Comisión
Elías Rodríguez Zavaleta (APRA) Plagio en proyectos de ley. Suspensión de 30 días
Clayton Galván Vento (FP) Por incumplimiento de mandato judicial y no declarar esta información en su Hoja de Vida. Fue denunciado penalmente por el JNE por falsa declaración en procedimiento administrativo. Suspensión de 90 días
Yesenia Ponce (FP) Intromisión en sesión del Consejo Regional de Áncash. Suspensión de 120 días
Maritza García Jiménez (FP) Por consignar información falsa en su Hoja de Vida. Suspensión de 120 días.
Carlos Bruce Montes de Oca (PPK) Uso de recursos del Congreso para fines privados. Suspensión de 60 días

Estos cinco informes pasaron al Pleno para la votación respectiva. El Pleno del Congreso sancionó solamente dos casos y bajó drásticamente las sanciones recomendadas (de suspensión a amonestaciones escritas) en los casos de los congresistas Rodríguez y Ponce, en el primer caso, además, con una multa de 30 días de remuneración. Los informes de los congresistas Maritza García y Carlos Bruce fueron devueltos a la Comisión y el congresista Clayton Galván, fue absuelto.

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Además de los casos en la Comisión, dos congresistas han recibido sentencias condenatorias con pena de cárcel por colusión: Benicio Ríos Ocsa (Alianza por el Progreso) de siete años, y Guillermo Martorell Sobero (Fuerza Popular), de cinco años.  En estos casos, si bien la Comisión de Ética no tiene una competencia directa, corresponde el desafuero inmediato por tratarse de delitos cometidos antes de resultar electos en el cargo y el reemplazo por sus accesitarios.

En resumen, las cifras de la Comisión de Ética Parlamentaria son las siguientes:

  • 93 denuncias recibidas
  • 14 investigaciones abiertas
  • 5 informes que recomiendan sanción
  • 2 congresistas sancionados por el Pleno, con sanciones reducidas.

¿Quién garantiza que se respete la ética Parlamentaria? ¿Quién hace cumplir las precarias normas que intentan regularla? La situación es sumamente frágil, por decir lo menos y la variación de la composición de la Comisión no es un tema menos polémico: actualmente esta sesiona con solo cinco miembros de dos grupos parlamentarios (uno del APRA y 4 de Fuerza Popular), tras la salida de cuatro congresistas de cuatro grupos parlamentarios diferentes, que han anunciado el cese de su participación hasta que la Comisión se reestructure.

Lima, 14 de marzo de 2018.

 

[1] De acuerdo a la solicitud de acceso a la información realizada a la Comisión de Ética en febrero del presente año.

[2] Artículo 6° del Código de Ética Parlamentaria.

[3] Artículo 31° del Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria.

[4] Artículo 35° del Reglamento de la Comisión de Ética Parlamentaria.

[5] http://www.congreso.gob.pe/Docs/comisiones2016/Etica/files/informe_final_n%C2%BA_09_yesenia_ponce.pdf

 

 

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