Convocado por la Asociación Civil Transparencia y la Embajada de Canadá, el pasado 21 de febrero se realizó el Foro “Reformas pendientes para la democracia en el Perú”. A diferencia de la coyuntura política que se mueve en discusiones de corto (a veces cortísimo) plazo, este espacio permitió una mirada de mayor alcance para analizar y proponer algunos cambios estructurales que incidirían en el mejoramiento de la democracia en el país.

En la inauguración del evento, el Embajador Allan Wagner, Presidente de la Asociación Civil Transparencia, enumeró algunos de los principales desafíos de la democracia peruana: la corrupción; la debilidad y baja credibilidad del sistema de partidos políticos, penetrado además por dinero ilícito y poco inclusivo respecto de mujeres, indígenas y jóvenes; y la insatisfacción con el sistema judicial. Señaló que un diálogo plural sobre las reformas pendientes es una forma de enfrentar difícil coyuntura que atravesamos. A su turno, la Embajadora de Canadá Gwyneth Kutz resaltó el compromiso de los peruanos con la democracia, visible en elecciones competitivas y periódicas, la vigencia de la libertad de expresión, y la pasión por hablar de temas políticos. Advirtió, sin embargo, que no puede darse por sentado el desarrollo de la democracia en un país y por ello conviene discutir cómo fortalecer sus instituciones políticas.

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Estas palabras iniciales fueron acompañadas de mensajes de representantes de las principales instituciones del Estado. En primer lugar, Mercedes Araoz Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros, coincidió en la necesidad de reformas de fondo, enfatizando en la importancia de la integridad en el sector público y su vínculo con el sector privado. Informó el próximo anuncio de una agenda anticorrupción y de promoción de la transparencia, que incluirá algunas recomendaciones de la Comisión Presidencial de Integridad. También indicó que participan activamente en la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción (CAN), y coordinando temas presupuestales para implementar su Plan de Acción. Todo ello, señaló, permitirán llegar a la Cumbre de las Américas con iniciativas prácticas desde el Estado.

Seguidamente, Duberlí Rodríguez, Presidente del Poder Judicial, señaló que su institución está comprometida con la reforma del sistema de administración de justicia, a través del Acuerdo Nacional por la Justicia. Informó que el Poder Judicial está avanzando en la introducción de tecnologías -expediente judicial electrónico- para lograr celeridad procesal y transparencia. También se ha conformado el sistema especializado en delitos de corrupción de funcionarios, actualmente con 14 jueces, el cual será ampliado con 16 juzgados más. Paralelamente, la CAN reactivará las Comisiones Regionales Anticorrupción, en alianza con la Asamblea de Gobiernos Regionales y la Asociación de Municipalidades del Perú, para descentralizar la lucha contra la corrupción. Por otro lado, señaló otros ámbitos de reforma: una Comisión de Género para incorporar el enfoque de género en la administración de justicia; enfoque intercultural, a través del desarrollo de juicios y emisión de sentencias en quechua, aymara y awajún; temas de gestión ambiental y cambio climático. A su turno, Pablo Sánchez, Fiscal de la Nación, resaltó las reformas internas en las que están empeñados: creación de Fiscalías Especializadas para casos de violación de menores; fortalecimiento de la lucha contra la corrupción, para una actuación basada en la legalidad y con respeto a la autonomía.

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La mesa principal del evento fue compartida por cuatro especialistas que abordaron diversos ámbitos de reforma. En primer lugar, Javier de Belaúnde abordó el análisis de reformas en la administración de justicia. Su intervención empezó resaltando que pese a la importancia de un sistema de justicia para un Estado democrático, en nuestro país la confianza ciudadana en dicho sistema no es la mejor. En el mismo sentido, se preguntó por qué la mayoría ciudadana sigue viendo con desconfianza al sistema de justicia, incluyendo a todos sus operadores, si existe desde hace varios años un programa de modernización y mejora del servicio de justicia. Para enfrentar esta situación planteó algunos temas de reforma pendientes. En primer lugar se refirió a la necesaria reforma del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Calificó como retroceso la propuesta según la cual los miembros del CNM deben ser elegidos por los poderes políticos, señalando que resulta más convenientes propuestas existentes que mantienen la participación de la sociedad civil. Recomendó evitar el defecto de cambiar las instituciones prescindiendo del dato de la debilidad institucional, para lo cual, siguiendo una propuesta de Luis Pásara, planteó la separación de los procesos de selección y nombramiento de jueces. Por otro lado, remarcó la importancia de revisar qué se evalúa cuando alguien va a ser nombrado juez, para no evaluar cosas que no son importantes. Importa, por ejemplo, evaluar la idoneidad de una persona para juzgar, mientras que doctorados y maestrías suelen ser irrelevantes, sobre todo si dichos títulos provienen de Universidades que generan una falsa meritocracia. En segundo lugar se refirió al rol de la Corte Suprema, donde la provisionalidad de los jueces es un asunto urgente a resolver pues afecta la independencia judicial. Recomendó también sincerar la discusión sobre la conformación de salas, avanzando hacia un esquema en el que a la Corte Suprema se llegue vía recursos de casación. En tercer término señaló la necesidad de dotar al Poder Judicial de una mayor celeridad y predictibilidad, lo cual no significa solo resolver la carga de despacho, sino garantizar la predictibilidad. Para ello, opinó, podrían seguirse las propuestas planteadas por la CERIAJUS para generar precedentes obligatorios de carácter jurisdiccional. Actualmente, recordó, hay plenos casatorios de la Corte Suprema, pero ello es insuficiente para evitar el riesgo de corrupción en instancias judiciales inferiores.

La segunda intervención le correspondió a Martín Tanaka quien abordó la agenda de reformas políticas. Empezó recordando que al inicio del actual período gubernamental hubo expectativa de lograr una reforma política importante, no solo entre los actores políticos, también entre la ciudadanía. Un grupo especial de la Comisión de Constitución del Congreso de la República avanzó en la formulación de una propuesta, pero el impulso fue detenido porque salieron a relucir las tensiones internas en las organizaciones políticas. De este modo, en el primer período congresal no se logró avanzar en cosas concretas, mientras que en el segundo la discusión se centró en reformas aplicables a las elecciones regionales y municipales 2018. Sobre estas reformas, indicó, el balance es mixto. Se avanzó en la reforma que excluye a candidatos condenados por delitos graves, bancarización de aportes económicos, prohibición de aportes anónimos y topes a gastos de campaña. Pero es insuficiente la fiscalización y control al incumplimiento de estas reglas, pues solo se aplican multas, y no sanciones políticas (pérdida de registro, impedimento de participar en elecciones). En lo inmediato, señaló, la gran batalla es la implementación de la ley, hacer efectiva la fiscalización y la eventual aplicación de sanciones, lo que será clave para ver si la reforma funcionó, y más adelante hacer correcciones. Hacia adelante, señaló que, a pesar de la crispación e inestabilidad política, debe insistirse que el Congreso discuta una reforma política más amplia. Propuso como reforma prioritaria la democracia interna de los partidos, tema apenas discutido en el Congreso. Argumentó que habrá más transparencia y fiscalización cuando haya más democracia interna (vida orgánica, procedimientos internos, mecanismos claros de selección de candidatos), pues esta te visibiliza, te expone. Hay formas que se pueden adoptar (elecciones universales, elecciones primarias abiertas). También se puede discutir sobre alternancia, paridad de género, participación de población indígena donde sea relevante.

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La tercera intervención estuvo a cargo de Carolina Trivelli, quien abordó las reformas para la inclusión política. Empezó recordando que las cuotas constituyen un mecanismo temporal, que debieran eliminarse cuando cumplan su objetivo, aunque dicha meta hoy aún está lejana. Propuso la discusión de reformas complementarias para igualar el piso, pues las mujeres participan menos y son menos visibles en la política nacional. Planteó exigir no solo una cuota de género, generación u origen, sino la alternancia, medida que tendrá mayor impacto si además se elimina también el voto preferencial. También se puede exigir a los partidos que rindan cuentas sobre sus procesos para incorporar mujeres en listas de candidatos y órganos de dirección internos, y ofrecerles la adopción voluntaria de protocolos para elegir vocerías, presidencias de comisiones, regidurías, etc., todo ello con la intención de visibilizar más a las mujeres que participan en procesos políticos. También es importante vencer la falta de interés de los partidos, garantizando financiamiento para asegurar la permanencia de las mujeres que entran en política, especialmente regidoras, pues este cargo es la puerta de entrada a la política para muchas mujeres. Como temas complementarios, que no son reformas políticas, mencionó garantizar la presencia de mujeres en instancias de dirección, como en el JNE o el sector privado, y promover que la opinión de las mujeres sea consultada por los medios de comunicación. Por último, respecto al tema generacional, señaló la dificultad del ingreso de jóvenes a la política y la gravedad de la exclusión política de la población indígena. Indicó que los partidos hacen muy poco por identificar líderes jóvenes y de grupos originarios para armar una agenda de discusión más diversificada y democrática.

La última intervención, sobre reformas para promover la integridad, estuvo a cargo de Walter Albán. Recordó que la expectativa por esta agenda se remonta a la transición democrática, pero que se actualiza con las propuestas planteadas en la campaña electoral 2016, las recientes denuncias de corrupción por el caso Lava Jato, y las recomendaciones formuladas por la Comisión Presidencial de Integridad. Opinó que en estos temas no se ha avanzado mucho, e incluso en algunos de ellos hay involución. Así, señaló que para la creación de la autoridad autónoma de transparencia no se respetó la propuesta de la comisión formada por el propio gobierno, y se creó una autoridad sin dientes ni capacidad sancionadora. Respecto a la gestión de intereses, señalo que la ley anterior no era práctica, pero la norma orientada a superar sus deficiencias no las ha resuelto. Si bien se ha suprimido el registro de la SUNARP, las entidades no cumplen con publicar los registros de visitas y agendas de los funcionarios en sus respectivos portales web; tampoco se menciona nada sobre la “puerta giratoria”, restringida apenas para algunos organismos reguladores. Por otro lado, cuestionó que el Congreso haya observado la norma que limitaba los arbitrajes ad hoc, reemplazándolos por arbitrajes institucionales. Y si bien se dispuso que los altos funcionarios del Poder Ejecutivo publiquen su declaración de intereses, al no estar normada esta conducta no es aplicable a todos los Poderes del Estado. Por otro lado, cuestionó que no se respete la independencia judicial al recordar las investigaciones contra el Fiscal de la Nación cuando el Ministerio Público investiga casos políticos, y planteó la urgencia de rehacer la conformación del CNM. Por último, valoró la importancia de iniciativas de integridad en el sector privado, pero señaló que estas llegan con retraso. En este campo resaltó como positiva la creación del Consejo Privado Anticorrupción, pero indicó que aún no se conocen propuestas que expresen un cambio.

La clausura del evento estuvo a cargo de Eduardo Vega, ex Presidente de la Comisión Presidencial de Integridad, quien destacó la importancia de un debate franco y con altura sobre estos temas más allá de la tensión política coyuntural. Resaltó la voluntad expresada por los titulares de los distintos poderes del Estado presentes en el evento, y reiteró la necesidad de avanzar en una reforma más ambiciosa, en todos los ámbitos, con especial énfasis en la lucha contra la corrupción, con un peso muy fuerte en la prevención, en el sistema de administración de justicia en la meritocracia del servicio público, y en la máxima transparencia del Estado. Terminó su intervención solicitando al nuevo Presidente del CNM archivar la denuncia contra el Fiscal de la Nación, como un gesto que exprese que la democracia se impone y no se emplea como instrumento para extorsionar a autoridades que están cumpliendo con su deber.

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