Escribe: Jairo Rivas Belloso
Asociación Civil Transparencia

El domingo 22 de abril, se publicó en el diario El Peruano el Decreto Supremo N° 042-2018-PCM mediante el cual se establecen medidas para fortalecer la integridad pública y la lucha contra la corrupción. Son las primeras medidas concretas adoptadas por la gestión del Presidente Vizcarra, quien en su discurso inaugural ante el Congreso de la República señaló este tema como el de mayor prioridad durante su gestión. A continuación destacamos las principales medidas incluidas en el mencionado Decreto, tomando el informe de la Comisión Presidencial de Integridad (CPI) como lente para el análisis.

La medida más resaltante es la creación de la Secretaría de Integridad Pública dentro de la estructura orgánica de la Presidencia del Consejo de Ministros, asumiendo las funciones que hasta la fecha venía desempeñando la Coordinación General de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción. La conformación de esta nueva Secretaría, que será el órgano rector “de la Política Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción”, coincide con una recomendación de la CPI que planteó “Crear el Sistema de Integridad en el Poder Ejecutivo, conformado por la Oficina de Integridad, adscrita a la Presidencia del Consejo de Ministros, como ente rector de este sistema, y por los funcionarios responsables de la integridad gubernamental que deberán ser designados en todas las entidades del Poder Ejecutivo” (Recomendación Nº 99).

Por otro lado, el Decreto enuncia un conjunto de medidas a disposición de las entidades públicas para promover la integridad en “la implementación del control interno y la promoción de acciones de prevención y lucha contra la corrupción”. Entre las medidas que el DS sugiere como parte de las políticas de integridad se encuentran la declaración jurada de intereses, la difusión de códigos de conducta y la implementación de mecanismos de denuncia (esta última había sido ya aprobada a través del Decreto Legislativo 1327 del 6 de enero de 2017). Otras medidas recomendadas por la CPI e incluidas en el Decreto son los mecanismos de rendición de cuentas, el registro de gestión de intereses y el establecimiento de lineamientos para gestionar conflictos de intereses.

Es oportuno observar que la norma no precisa la obligatoriedad de estas medidas, sino que las sugiere como acciones que cada entidad podrá adoptar como parte de su propia política de integridad; no obstante, el DS sí establece que las entidades públicas deben informar anualmente sobre la implementación de dichas medidas y asigna a la nueva Secretaría de Integridad plantear lineamientos para promover su cumplimiento y evaluar su implementación en todo el ámbito del Estado. Habrá que estar atentos y evaluar si las entidades deciden su cumplimiento.

Como se puede apreciar, la norma emitida por el Poder Ejecutivo recoge varias de las recomendaciones planteadas en diciembre del 2016 por la Comisión Presidencial de Integridad y da luces sobre la orientación que el Gobierno quiere tener en este tema. Hubiera sido deseable avanzar en la obligatoriedad de algunas de las medidas incluidas en el DS. Por ejemplo, la obligación de los altos funcionarios del Poder Ejecutivo de publicar su Declaración Jurada de Intereses. El Presidente Vizcarra ha anunciado un proyecto de ley para hacerlo obligatorio en todo el Estado, pero podría iniciarse con un decreto para el Poder Ejecutivo.

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