Las recientes denuncias sobre grave tráfico de influencias y presuntos delitos que involucran a miembros del Consejo Nacional de la Magistratura y del Poder Judicial constituyen una expresión más de la profunda crisis en que se encuentra nuestro sistema de justicia. Tanto la confianza ciudadana en las instituciones democráticas como el Estado de Derecho se ven seriamente afectados por situaciones tan indignantes y repudiables como las que han sido reveladas en estos días.

Ante ello, desde la Asociación Civil TRANSPARENCIA nos dirigimos a los poderes del Estado, a los partidos políticos y a la ciudadanía en general para demandar que se adopten medidas extraordinarias y excepcionales que permitan a nuestro país afrontar la crisis y darle una salida oportuna en el marco de irrestricto respeto a la Constitución Política.

  1. El Congreso de la República debería –en un plazo perentorio- sancionar a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura involucrados en los hechos de corrupción que han sido revelados. A la vez, se debe proceder a la renovación de todo el Consejo Nacional de la Magistratura para dar curso a una reforma total de esta importante institución.
  2. Con la finalidad de no perturbar el normal desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales previstas para el 7 de octubre próximo, consideramos oportuno que el Jefe Nacional de la Oficina Nacional de Procesos Electorales presente su renuncia a dicho cargo, de tal manera que las investigaciones en que se encuentra involucrado se realicen sin afectar el proceso electoral. Ante esta situación de excepcionalidad, el Jurado Nacional de Elecciones tendría la responsabilidad de encontrar la vía más adecuada para asegurar la coordinación y conducción del referido proceso electoral.
  3. Siendo indispensable la sanción a los responsables, ello no es suficiente. Una vez más, reiteramos la urgencia de poner en marcha la tantas veces postergada reforma del sistema de administración de justicia, recuperando para ello las propuestas que desde diversas instituciones y desde hace varios años han sido presentadas. La reforma de la administración de justicia requiere de la decisión y la participación activa del Congreso de la República, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, el Tribunal Constitucional, así como de las universidades, colegios profesionales, gremios empresariales y organismos de sociedad civil especializados en un esfuerzo por alcanzar consensos que no debe dilatarse más allá de lo razonable. Para luchar contra la corrupción, la reforma de la justicia no puede esperar más.
  4. Exhortamos a la ciudadanía a mantenerse activa, vigilante y exigente, ejerciendo responsablemente los derechos y deberes que la Constitución Política le asigna y reconoce. Valoramos y felicitamos a la prensa, cuya labor de investigación objetiva e independiente nos permite documentar la crisis que afecta nuestra ya debilitada democracia.
  5. Transparencia reitera su compromiso indesmayable por fortalecer la calidad de la democracia y de la representación política en el Perú.

Lima, 10 de julio del 2018

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