Allan Wagner explica que identificarán los principales temas que puedan ser ejecutados con prontitud para iniciar la reforma que se necesita en el sistema de administración de justicia. Anunció que se reunirá con el presidente del Poder Judicial, la jefa de la OCMA, el fiscal de la Nación y el presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, para buscar un consenso.

¿La difusión del audio sobre la conversación entre el ministro de Justicia, Salvador Heresi, y el cuestionado juez César Hinostroza, poco después de la instalación de la comisión que usted preside, los hizo dudar de su permanencia?

Eso ameritó acciones inmediatas como la que tomó el presidente al solicitar la renuncia del ministro Heresi.

¿Puso en riesgo a la comisión?

No. Esta es una comisión presidencial. De manera que la renuncia del ministro no afecta el trabajo de la comisión porque nosotros dependemos directamente del presidente y nos vamos a reunir con él periódicamente. También hay que destacar la forma inmediata en que el presidente ha actuado, lo que revela su firme decisión de lucha contra la corrupción, con la mayor decisión política y esta forma de actuar podría ser tomada por los jefes de otros organismos y poderes del Estado que tienen bajo sus órdenes funcionarios que están cuestionados.

El presidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, tuvo que renunciar, tras un pedido de los jueces que lo eligieron y una sanción de la OCMA. Es un avance, ¿no?

Sí. Y esperamos que también renuncie el juez supremo César Hinostroza. Por las explicaciones del presidente del Poder Judicial (Duberlí Rodríguez), este no tenía elementos suficientes como para destituirlo, pero sí podría él pedir públicamente al señor Hinostroza que renuncie.

¿Y los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura involucrados o mencionados en los audios?

También, pues si bien algunos miembros están sometidos a procedimientos que pueden llevar a su remoción, es el órgano como tal que ha perdido la confianza y eso debería conducir a que todos los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura presenten su renuncia para poder dar paso a una renovación de esta institución, que inspire confianza y que dé tiempo para los cambios más de fondo en ese organismo que seguramente va a requerir reformas constitucionales.

Entonces, ¿asumirían los suplentes o se debe convocar a nuevos miembros?

Habría que estudiarlo. Dentro del marco de las disposiciones actuales, con algunos ajustes en la legislación, sin necesidad de esperar a una reforma constitucional, se podría mejorar el sistema de elección de miembros y entre tanto se podría avanzar en la reforma que se necesitaría.

¿Aunque no todos estén mencionados en los audios?

Hay algunos que ya están siendo procesados por presuntos hechos ilícitos y otros que no, pero el órgano en sí ha perdido confianza, y sin prejuzgar a los demás miembros, ellos podrían tener el gesto de renunciar para dar paso a esta renovación que permita recomponer en el corto plazo la confianza en esa entidad, y al mismo tiempo avanzar en alguna reforma de fondo.

Han recibido una tarea titánica en muy pocos días. ¿Cuándo entregarán su propuesta?

Hemos quedado en que va a ser el 25 (de julio) en la mañana. Vamos a trabajar intensamente y concentrarnos en algunos temas específicos de mucha importancia y que realmente sean percibidos por la ciudadanía como un avance concreto en el proceso de reforma del sistema de administración de justicia. Esto último tomará tiempo y deberá ser implementado por las diversas instituciones que tienen responsabilidad en la administración de justicia, incluyendo el Congreso, que deberá dar las leyes que sean necesarias para poder proceder a la reforma.

¿Cuáles serán esos temas prioritarios?

No puedo adelantar porque recién estamos iniciando nuestro trabajo. Luego de la instalación con el presidente, al mediodía, tuvimos una sesión de trabajo donde hemos comenzado a identificar cuáles serían esos temas y a organizar nuestra labor para poder abordarlos con la prontitud que se requiere. Y al mismo tiempo, ir señalando un derrotero para el avance de la reforma. Además, vamos a visitar al presidente del Poder Judicial, a la jefa de la OCMA, al fiscal de la Nación y al presidente de la Comisión de Justicia del Congreso, de tal manera que podamos recabar sus puntos de vista en torno a las propuestas que presentaríamos. Porque no se trata de lanzar cosas que no tengan acogida.

¿Buscarán consensos?

El trabajo que vamos a hacer será ordenado, serio y al mismo tiempo consensuado, tomando en cuenta que después les espera una tarea muy grande a todas estas instituciones para poder completar la reforma a fondo del sistema de administración de justicia.

Tendrán que decidir con mucho cuidado qué puntos van a trabajar, ya que serán como la primera piedra de la reforma.

Así es, pues por lo menos serán los elementos que en este momento requieren atención inmediata y que además podrían significar cambios fundamentales en el sistema y que tiene que ver, por ejemplo, con el control y la lucha contra la corrupción dentro del sistema de administración de justicia. Hay que revisar lo que existe y muy posiblemente modificarlo para que realmente tenga una capacidad de controlar que no se repita lo que hemos presenciado en estos días. Tenemos que identificar temas de mucha importancia, realmente gravitantes y que puedan ser ejecutados con prontitud.

¿Qué garantía tienen para que sus recomendaciones no se archiven, como ocurrió con el plan del Ceriajus?

Lo que se trata es de rescatar todos los trabajos importantes del Ceriajus, del Acuerdo por la Justicia y otras propuestas que ha habido durante estos últimos 15 años. La reforma del sistema de justicia es un tema antiguo, sobre el cual se han hecho trabajos muy importantes y que no se han llevado a cabo básicamente por falta de voluntad política.

¿Por qué cree que no se repetirá?

El presidente Vizcarra lo está garantizando con su liderazgo. Pero, además, la ciudadanía debe estar alerta sobre cómo avanza este proceso de reforma, y también los medios de comunicación que deben informar cuando haya avances o retrocesos. Esto debe ser una política de Estado con el respaldo de la ciudadanía.

Pero cuando la prensa denuncia los amenazan para que revelen sus fuentes…

Eso es algo incomprensible, insólito, al punto de que el fiscal supremo que pidió por escrito que revelaran sus fuentes ha tenido que retractarse. Eso nunca debió haberse producido.

 

Fuente y foto: La República

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