Escribe: Gerardo Távara, Secretario General de Transparencia

Estamos a poco menos de tres meses de las elecciones regionales y municipales. El domingo 7 de octubre elegiremos entre más de 113 mil postulantes inscritos a los representantes para más de 12 mil cargos en municipalidades distritales, provinciales y gobiernos regionales. Se trata de una elección bastante compleja no solo para los organismos electorales, sino especialmente para los electores que tendremos que optar entre una gama amplísima y, en muchos casos –lamentablemente–, carente de idoneidad ética y política.

Un grupo significativo de actuales autoridades encontraron la forma de “sacarle la vuelta” a la ley que prohíbe la reelección inmediata y se han lanzado por el distrito o la provincia vecina valiéndose del denominado “domicilio múltiple”. Otros postulan a familiares directos –hijos, hermanos, cónyuges– o se han incluido en las listas como candidatos a regidores o consejeros. Más preocupante aun es el caso de quienes teniendo condenas o procesos judiciales avanzados por delitos de especial gravedad –como corrupción o narcotráfico– presentan su candidatura valiéndose de que la ley solo lo prohíbe cuando la sentencia es firme e inapelable.

El caso de Walter Aduviri es tan ilustrativo como indignante. Tiene una sentencia a siete años de prisión que se encuentra en vía de casación y se ha inscrito –desde la clandestinidad– para postular al cargo de gobernador regional de Puno. Igual reacción generan los casos de los ex ministros Federico Salas y Absalón Vásquez que postulan a los gobiernos regionales de Huancavelica y Cajamarca, respectivamente, valiéndose de que la ley prohíbe la candidatura de los “autores” de peculado y ellos fueron condenados –¿simplemente?– como “cómplices” de ese delito que atenta contra la administración pública.

Entre los procesados destaca la ex alcaldesa de Chimbote Victoria Espinoza, candidata al Gobierno Regional de Áncash que acaba de pasar a la condición de no habida tras ser condenada a cuatro años de prisión por corrupción; así como Daniel Urresti, candidato a alcalde de Lima Metropolitana pese a que afronta un juicio por homicidio y una investigación por violación sexual. Amado Romero y Celia Anicama, ex congresistas bautizados como ‘Comeoro’ y ‘Robacable’, son candidatos en Madre de Dios y Pisco, respectivamente.

El Jurado Nacional de Elecciones ha revelado el poco rigor con que la mayoría de organizaciones políticas asume la elaboración de sus listas electorales: apenas un tercio de los candidatos ha pasado por la ventanilla única de antecedentes que el Estado ofrece como un servicio para que partidos y movimientos consulten antes de inscribir candidaturas. Tal vez eso explique por qué ahora los dirigentes de Acción Popular se muestran sorprendidos por la candidatura de Luis Valdez a la Alcaldía de Pucallpa. Este partido no hizo una sola consulta a la ventanilla única de antecedentes.

Hay casos en que el elector se sentirá confundido por otras razones. Por ejemplo, en Piura el ex congresista fujimorista Juan José Díaz postula por un movimiento regional, mientras que en Cusco reconocidos miembros y precandidatos del Partido Aprista van con el signo de Restauración Nacional, partido que también postula a un ex socio de César Álvarez –Juan Calderón– en Áncash. Atención especial merece Podemos Perú, partido liderado por José Luna –ex Solidaridad Nacional– que tiene candidatos de procedencias disímiles y en muchos casos cuestionados: Daniel Urresti en Lima, Absalón Vásquez en Cajamarca, Víctor Isla en Loreto, Hernán Fuentes en Puno, Enrique Wong en el Callao.

Pero no todo está perdido. La prensa nacional y regional y la Red de Voluntariado de Transparencia están haciendo un esfuerzo extraordinario de información documentada. Los tres meses que nos distancian de las elecciones bien pueden ser aprovechados por las organizaciones políticas para evaluar si mantienen la candidatura de personajes cuestionados o escuchan responsablemente las demandas de la población y las retiran, más aun en un contexto de alta corrupción y desconfianza ciudadana. Por parte del electorado las posibilidades son mayores: es nuestro voto el que decide. ¡Vamos! Busquemos información, cuestionemos, preguntemos, vigilemos, convirtamos nuestra indignación en fuerza transformadora. ¡Decidamos bien!

Fuente: elcomercio.pe

Anuncios