Escribe: Kelly Ubillus, Asociación Civil Transparencia

La contratación directa fue pensada con la finalidad de salvaguardar el estado de necesidad en el que se encuentra -en un excepcional y determinado momento- una entidad pública por diversas circunstancias. Las situaciones excepcionales podrían ser, entre otras: un estado de emergencia, desabastecimiento, proveedor único en el mercado, contratación de un servicio personalísimo, servicios de publicidad, contratación entre entidades, etc. El Perú regula la figura de la contratación directa en el Artículo 27º de la Ley 30506 Ley de Contrataciones del Estado y en el Artículo 85º de su Reglamento, señalando las condiciones que se deben cumplir para emplear esta modalidad.

Como es de suponer, este tipo de procedimiento tiene etapas más cortas y rápidas, sin que se incluya una fase de comparación de propuestas técnicas y económicas; como su propio nombre lo indica, se trata de contrataciones realizadas directamente con un proveedor escogido. Esto, que nos debería llevar a satisfacer la necesidad de manera inmediata sin tomarnos tanto tiempo -objetivo para lo que fue creado- muchas veces es usado para eludir el proceso competitivo regular; por tanto, se necesita verificar que existe una justificación técnico -legal que permita realizar este tipo de procedimientos y, sobre todo, contar con un monitoreo constante para detectar en el momento preciso que no se trata de una “sacada de vuelta” a la norma.

Ahora, imaginemos estas contrataciones directas en etapa de procesos electorales “cuando sabes que te queda poco tiempo de gobierno y debes contratar para gastar el presupuesto (que por una mala planificación realizada en tu administración) no gastaste, o porque simplemente quieres aprovechar el poco tiempo que te queda para contratar a dedo”.

Para hacer frente a este riesgo de abuso en la contratación directa durante los procesos electorales, es útil mirar las experiencias comparadas. En este caso, damos a conocer un modelo internacional que consideramos una buena práctica; se trata de las restricciones establecidas en el Sistema de Compras Públicas por el Gobierno Colombiano para las etapas de procesos electorales, aquí un breve resumen:

La República de Colombia previo a las elecciones para el Congreso de la República del 11 de marzo de 2018, estableció que, a partir del 11 de noviembre de 2017 (4 meses antes) los gobernadores, alcaldes municipales y distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden departamental, municipal o distrital no pueden celebrar convenios interadministrativos (convenios o contratos entre entidades) para la ejecución de recursos. Esta restricción opera para todas las elecciones, bien sea congreso, asambleas, concejos, alcaldes, gobernadores, así como las elecciones presidenciales.

A partir del 27 de enero de 2018 opera la otra restricción consagrada en la Ley 996, para el Sistema de Compra Pública, que consiste en la prohibición de celebrar contratos en la modalidad de contratación directa, prohibición aplicable a todas las Entidades Estatales sin importar su régimen jurídico, forma de organización o naturaleza, pertenencia a una u otra rama del poder público o su autonomía.

Esta restricción no es aplicable a los contratos relativos a la defensa y seguridad del Estado, crédito público y los requeridos para atender emergencias y para la reconstrucción de infraestructura afectada por acciones terroristas, desastres naturales o eventos de fuerza mayor.

Colombia Compra Eficiente expidió la Circular Externa No. 24 de 12 de mayo de 2017 para tener en cuenta la aplicación de la Ley 996 de 2005, llamada la Ley de Garantías Electorales, para 2017 y 2018. Esta circular da alcance a la Circular 3 del 16 de agosto de 2013 y establece las pautas para las restricciones al Sistema de Compra Pública en la campaña electoral 2017 y 2018.

 Considerando que cada vez es más difícil ejercer un control concurrente y detectar si el procedimiento de contratación directa se está utilizando de forma irregular, es aconsejable valorar la experiencia colombiana que hemos reseñado y evaluar su aplicación en nuestro sistema.

Si bien en el Perú existen normativas que regulan los principios de publicidad, propaganda y neutralidad en etapa de elecciones, no contamos con normas que restrinjan las “contrataciones directas” en periodo electoral para evitar que se haga un abuso de este procedimiento creado para situaciones excepcionales.


https://www.colombiacompra.gov.co/content/las-campanas-electorales-estan-cerca-recuerde-las-restricciones-que-empiezan-operar-el-11-de

Ley 996 de 2005

Circular Externa No. 24 de 2017

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