Escribe: Rafael Roncagliolo, ex Ministro de Relaciones Exteriores, fundador y directivo de la Asociación Civil Transparencia.

La reforma de la justicia está destinada a proporcionarnos una justicia justa, como la que existe en otras latitudes y, por supuesto, en varios otros países latinoamericanos. No es un imposible.

El referendo es un mecanismo adecuado para avanzar rápidamente en esta materia y llenar el vacío dejado por la desactivación del Consejo Nacional de la Magistratura.

Hay, además, tres temas político-electorales que se han incluido en la propuesta y sobre los cuales hay mucha experiencia acumulada en América Latina, sobre todo durante la tercera ola democratizadora que se inició en 1976.

Primero: la tendencia general es al control del origen y montos del financiamiento privado de los partidos y las campañas electorales. Sucesivamente Brasil, Chile, México, Argentina y Ecuador han prohibido el financiamiento privado de las campañas mediáticas, rubro principal del gasto electoral. La limitación y control no es una panacea pero permite avanzar en el combate a la corrupción y disminuir en parte la subordinación de la política respecto a intereses particulares. Se ha vuelto una norma de sentido común casi universal.

Segundo: el bicameralismo también es una tendencia universal de la que solo se han exonerado países pequeños, como Costa Rica, Honduras o El Salvador; o bajo gobiernos autoritarios como el Perú de Fujimori o la actual Venezuela. Sin embargo, es complicado adoptar el bicameralismo sin una ampliación del número de parlamentarios. En la ingeniería política hay una constatación puramente empírica por la cual el tamaño de los congresos suele corresponder, aproximadamente, a la raíz cúbica de la población. Según esta constante empírica, nuestro actual congreso sería adecuado para una población de 2 millones de habitantes, cuando somos más de 30 millones.

En el debate mediático se han puesto de moda las circunscripciones uninominales que, a pesar de sus ventajas, también acarrean peligros. Con puros distritos uninominales, sin segunda vuelta para los congresistas y con numerosos partidos en competencia, como es nuestro caso, se podría obtener la totalidad del parlamento con apenas 20% o menos de los votos. Sería mucho peor que ahora.

Los distritos binominales disminuyen este peligro, pero igualmente afectan a la representación de las minorías. Por eso es que en América Latina se buscan fórmulas mixtas que, como el sistema alemán, combinen proporcionalidad con cercanía entre elector y elegido. Ardua tarea con el pie forzado de 100 diputados y 30 senadores.

Tercero: la no reelección ha tenido una vigencia centenaria en México, que luego fue adoptada en otros países, como Costa Rica. “Sufragio efectivo, no reelección”, fue el lema de Francisco Madero, en la Revolución de 1910 contra los fraudes y reelecciones que hubo durante los treinta años de gobierno de Porfirio Díaz; luego esta fórmula se consagró en la Constitución de 1917 y como colofón de todo documento oficial mexicano. La no reelección estuvo vigente hasta el 10 de febrero del 2014. Hoy, donde existe, suele ser no reelección inmediata.

En nuestro caso, la no reelección reviste cierto simbolismo. Alberto Fujimori, contra la Constitución, disolvió el Congreso en 1992. Martín Vizcarra, dentro de la Constitución, espera que la ciudadanía les diga a los congresistas que terminen su periodo y se vayan a su casa, al menos por cinco años. Es una expresión de la indignación colectiva y creciente frente al Congreso más que un diseño o modelo ideal.

En suma, la iniciativa presidencial del referéndum ha abierto espacio para entrar a un debate de temas de fondo, que ha venido siendo sistemáticamente eludido por el Congreso. Pero ello no debe servir de pretexto para darle largas a la urgente y prioritaria reforma judicial.

Fuente y foto: La Republica

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