Escribe: Gerardo Távara, Secretario General de Transparencia.

La representación política es un componente esencial de la democracia moderna. Mediante este, los ciudadanos elegimos a un grupo o grupos de personas que habrán de tomar decisiones políticas y legislar en nombre nuestro. Ese es el Gobierno y el Congreso a nivel nacional, como lo son también los gobiernos regionales y municipales a un nivel más cercano al vecindario. A estas personas -constituidas en organizaciones políticas- las elegimos periódicamente bajo reglas de equidad y competitividad transparente.

Pero la democracia no ha depositado todo el poder en los representantes elegidos, sino que ha previsto que estos pueden “olvidar” el mandato que recibieron y –por tanto- dejar de representar parcial o totalmente nuestros intereses. Por ello, junto a los mecanismos de democracia indirecta o representativa están los de democracia directa o participativa contemplados en el marco constitucional. En el Perú, los mecanismos de democracia directa más conocidos y utilizados en las dos últimas décadas son el presupuesto participativo y la revocatoria de alcaldes. En el presente año, un grupo de ciudadanos logró la aplicación del mecanismo legal de rendición de cuentas frente al alcalde de Lima Metropolitana, Luis Castañeda Lossio.

Menos utilizado ha sido el referéndum para la consulta de iniciativas legislativas o de reforma constitucional. La experiencia más reciente ha sido el referéndum impulsado con éxito el año 2010 por los “fonavistas” para la aprobación de una ley de devolución de sus aportes.

La consulta a la ciudadanía vía referéndum ha vuelto con fuerza a la agenda política a partir del mensaje presidencial de fiestas patrias. En dicho mensaje, el Presidente Martin Vizcarra anunció en el Congreso el inicio de un proceso de reforma constitucional en cuatro temas: la composición del Consejo Nacional de la Magistratura encargado de seleccionar jueces y fiscales, la reelección o no de los congresistas, el financiamiento de las organizaciones políticas y campañas electorales y el restablecimiento de la bicameralidad en el Congreso con paridad y alternancia de hombres y mujeres en las listas electorales.

La propuesta de reforma judicial y reforma política ha sido presentada en un contexto de severa corrupción y creciente desconfianza ciudadana. Este es un factor clave para comprender la trascendencia del referéndum propuesto: la ciudadanía no se siente representada por sus congresistas y autoridades. La legislación vigente establece que la reforma constitucional debe pasar indefectiblemente por la aprobación del Congreso antes de ser sometida a referéndum ciudadano, y lo que hemos podido constatar durante las últimas semanas es una lentitud parlamentaria para dictaminar los proyectos de reforma; esta lentitud genera la percepción de que el Congreso –en su mayoría- no quiere las reformas propuestas ni la consulta a la ciudadanía. La resistencia del Congreso a la reforma judicial y política incrementa la desconfianza ciudadana y la crisis de representación política.

En tanto la realización de un referéndum constituye el ejercicio de un derecho ciudadano, la sociedad civil se encuentra ante el desafío y la responsabilidad de promover su convocatoria y superar las resistencias del Congreso. Recientes sondeos y estudios de opinión revelan que la mayoría de la población se muestra favorable al referéndum y múltiples organizaciones sociales de nivel nacional y regional se han pronunciado en el mismo sentido, incluso han anunciado la recolección de firmas de respaldo a la iniciativa presidencial; es en este contexto que se ha formado la Red Cívica por el Referéndum tras la convocatoria de la Asociación Civil Transparencia.

Mientras algunos especialistas discuten la pertinencia del procedimiento de consulta y el texto de las reformas constitucionales propuestas por el Poder Ejecutivo, la mayoría de la población reclama su derecho a opinar y decidir con una urgencia que no terminamos de aquilatar. La desconfianza y la demanda de cambios crece a un ritmo inversamente proporcional a la lentitud del Congreso para dictaminar los proyectos de reforma. Vamos, pues, en una peligrosa ruta de colisión que incrementaría la crisis de nuestra ya precaria democracia.

Hace mal el Congreso en retrasar el debate de las reformas constitucionales, le falla el análisis político si piensa que gana al dilatar las decisiones. La indignación crece, más allá de la forma en que ésta se exprese. Y pierde la democracia. Mi modesta sugerencia a los colegas politólogos es releer a O’Donnell y sus aportes sobre el accountability social. No encuentro razón politológica, constitucional ni práctica para oponernos a la realización del referéndum. La única posible es la del cálculo –mal cálculo- político.

Sobran razones para ir al referéndum y decidir democráticamente sobre cada una de las cuatro reformas constitucionales propuestas por el Presidente Vizcarra. Sin duda, saldremos fortalecidos como democracia y como sociedad civil.

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