Escribe: Gerardo Távara Castillo, Secretario General de Transparencia.

 

Por estos días asistimos a un conjunto de audiencias judiciales que tienen entre sus protagonistas a la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, y varios de sus principales dirigentes investigados por presuntos delitos de organización criminal y lavado de activos, imputaciones que se sustentarían en la recepción y canalización ilícita de dinero para financiar su campaña electoral del año 2011. Hace ya varios meses se realizaron similares procesos que llevaron a prisión preventiva al ex presidente Ollanta Humala y su esposa; por razones similares se encuentra procesado el también ex presidente Alejandro Toledo refugiado en Estados Unidos- así como a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán –impedida de salir del país-. El ex representante de la empresa brasileña Odebrecht, Jorge Barata, ha declarado que financiaron también de forma irregular las campañas de los ex mandatarios Pedro Pablo Kucksynski y Alan García Pérez.

 

Los procesos judiciales son largos y de pronóstico reservado. Lo que tienen en común es la sospecha de que los más importantes partidos políticos fueron financiados en algún momento con dinero de procedencia ilegal. Los juicios nos revelarán la verdad, esperamos. 

 

Como la Asociación Civil Transparencia ha mostrado, sobre la base de información oficial de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, los gastos de campaña electoral se incrementaron significativamente a partir de las elecciones del 2011. En efecto, en las elecciones del 2006 los partidos reportaron un total de gastos cercano a los 25 millones de soles, ese gasto se elevó a casi 63 millones de soles en las elecciones del 2011 y un poco más el 2016. En el periodo del 2006 al 2011, los partidos declararon que los ingresos por actividades proselitistas – cócteles, rifas, cenas, etc.- pasaron de 3% a 23% del total recaudado. Un incremento claramente exponencial y sumamente difícil de verificar y supervisar.

 

La regulación del financiamiento político es un tema esencial parta la protección y fortalecimiento de la democracia. No obstante, el actual Congreso de la República decidió el año pasado flexibilizar los controles y aprobó que sólo se presenten reportes financieros culminadas las elecciones, además de exonerar a los partidos de las irregularidades que pudieren cometer sus candidatos. Una decisión claramente irresponsable.

 

A la luz de los procesos judiciales en curso que han puesto en el banquillo el financiamiento de la política, y de la reforma constitucional aprobada por iniciativa del Poder Ejecutivo que será sometida a referéndum el 9 de diciembre, tenemos la oportunidad de corregir esta situación. 

 

La reforma constitucional sobre el financiamiento de la política incluye sanciones penales que –de ser aprobada en el referéndum- deberán ser precisadas en leyes de desarrollo constitucional. Al respecto, será importante precisar si la responsabilidad recae únicamente en el candidato, en el tesorero del partido o si abarca también a los dirigentes que –por su posición- pudieren conocer y decidir sobre las finanzas partidarias. Será necesario también revertir la errónea decisión del Congreso y restablecer la facultad de la ONPE de requerir informes financieros durante las campañas electorales, además de contemplar la colaboración entre la Unidad de Inteligencia Financiera y los organismos electorales cuando se detecten movimientos sospechosos. El tema de las sanciones por infracciones en el financiamiento de la política es prioritario; actualmente solo se estipula sanciones pecuniarias: multas que nunca de pagan; es indispensable pasar a sanciones penales como las reseñadas y sanciones políticas como la suspensión de la participación en procesos electorales o la eliminación del registro de organizaciones políticas en los casos más graves.

 

El proyecto de ley presentado recientemente por la Célula Parlamentaria Aprista para que las organizaciones políticas no puedan ser considerados como organizaciones criminales es materia de múltiples objeciones; la principal es que no es posible condicionar la ley penal mediante la ley de organizaciones políticas, además de ir contra lo estipulado en la legislación reciente sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas. En palabras sencillas, cualquier organización criminal podría decidir constituirse en organización política y de esta manera ser excluida de la ley penal. Para ilustrar esto, recordemos el caso de “los rucos” que traficaban terrenos en el distrito de Chilca y en determinado momento decidieron lanzar como candidato a la alcaldía a uno de sus integrantes, ganaron la elección dentro de un movimiento regional y hoy están todos en prisión. De haber estado vigente la ley propuesta por el APRA estarían libres y seguirían –probablemente cometiendo sus fechorías desde la alcaldía de Chilca.

 

Más allá de quienes terminen o no en prisión sobre la base de los debidos procesos judiciales, podemos ganar si establecemos una legislación más estricta en materia del financiamiento de las organizaciones políticas y las campañas electorales que impida el ingreso de dinero ilícito en la democracia. Si no logramos superar las resistencias de los grupos parlamentarios a transparentar las finanzas de las organizaciones políticas y establecer controles y sanciones efectivas, no saldremos de la crisis que hoy nos afecta gravemente.

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